Las Empresas Eléctricas nos Roban?

La Defensoría  del Pueblo exigió información que justifique el dictado de la Resolución 02/2016, mediante la cual se autorizaría la continuidad del cobro a los usuarios de un importe fijo destinado al Fondo para Obras de Consolidación y Expansión de Distribución Eléctrica (FOCEDE), teniendo en cuenta que los aumentos tarifarios del corriente año soportados por los usuarios permiten casi triplicar los ingresos de las distribuidoras para la prestación de un servicio público de energía eléctrica en condiciones de calidad y eficiencia.

Mediante una actuación dirigida al ENRE, la Dirección de Servicios Públicos de la Defensoría exigió información que justifique la continuidad del cobro a los usuarios del Fondo para Obras de Consolidación y Expansión de Distribución Eléctrica e inició un trámite ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) con el objetivo de investigar distintos aspectos relativos al proceso de Revisión Tarifaria Integral (RTI) en el servicio público de distribución de energía eléctrica para las áreas concesionadas a las empresas Edesur S.A. y Edenor S.A.
A partir de la vigencia de la Resolución 347/2012, las empresas Edesur S.A. y Edenor S.A. empezaron a aplicar un monto fijo diferenciado para cada una de las distintas categorías de usuarios que, constituido bajo un fideicomiso financiero, tuvo en miras proveer a las mismas de ingresos necesarios para la ejecución de obras de infraestructura y el mantenimiento de las instalaciones.
El 16 de diciembre de 2015, mediante Decreto 134/2015, se declaró la emergencia del Sector Eléctrico Nacional y teniendo en cuenta que los ingresos de las concesionarias se han visto incrementados en más de un 300 por ciento como mínimo, no corresponde ya aplicar el FOCEDE, que de un fondo para inversiones pasa a ser un robo más de estas empresas oligopólicas, a las que además se le perdonan deudas multimillonarias y se le otorgan préstamos injustificados.