Licitación del Subte.

A fines de 2017, la Legislatura porteña sanciona la Ley 5885 y autoriza a licitar y otorgar, como concesión de servicio público, la operación y el mantenimiento del servicio de subte y premetro. En febrero de este año, Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) aprueba el Pliego de Bases y Condiciones y el Contrato con sus Anexos sin mediar una Audiencia Pública que permitiera a los interesados participar.

Luego de 24 años de operación a cargo de la misma empresa era atendible debatir las distintas opiniones sobre los resultados obtenidos y sobre la nueva concesión. Sin embargo, hoy se abren las ofertas y se pone en marcha la adjudicación para los próximos 15 años, si se prorroga.

Desde el 2012 hasta el presente, las autoridades locales han tomado diversas decisiones respecto del servicio. Algunos de los resultados son los siguientes: la tarifa del subte ha pasado de 1,10 a 12,50 pesos, incrementándose 1036%. Esto sin considerar los efectos de descuentos. Además, los subsidios a la operación entre 2012-2016 pasan, de acuerdo a la CNV Comisión Nacional de Valores, de 461,2 millones a 2670,1 millones de pesos, lo que representa un incremento nominal de 479%. Estos subsidios actualmente rondan los 3000 millones de pesos y no están relacionados con resultado alguno la cual es una política de subsidios desaconsejada por los especialistas. Por otro lado, se han incorporado coches nuevos y se ha continuado las obras de extensión de la red iniciadas anteriormente sin iniciar, desde 2006, ninguna línea nueva de las definidas por la legislación. Por último, las reglamentaciones respecto de la definición y actualización de los costos de la explotación modificadas en diversas oportunidades, resultan poco claras tal como lo reconoce la Facultad de Ingeniería Universidad de Buenos Aires en un estudio encargado por Sbase acerca de la metodología usada para el último ajuste de la tarifa.

Como una posible consecuencia de estas situaciones, los pliegos de la actual licitación presentan subsidios durante todo el contrato y establecen que no hay inversiones para obras o coches nuevos obligatorias para el concesionario.

A su vez, desde fines del año pasado, el contexto de la economía nacional ha evidenciado significativas modificaciones relacionadas con el valor de la moneda, el nivel de inflación y de endeudamiento las cuales han motivado, entre otras, la reducción del presupuesto para la obra pública.

Dentro de este marco general vale reconsiderar la gestión estatal a cargo de la empresa Sbase. Retomar la gestión pública del subte y premetro, tal como sucede en grandes ciudades y tal como lo expresó la Defensoría del Pueblo, colaboraría, para revisar los costos y para “cuidar la plata” frente a un horizonte de “vacas flacas” como el que se vislumbra desde diferentes ámbitos.

Nota del Defensor Adjunto del Pueblo de la Ciudad, Gabriel Fuks, en Página 12 el 14 de agosto de 2018.