La Sala I en lo Contencioso Administrativo y Tributario,hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por el Gobierno porteño en la causa de los parquímetros y revocó la sentencia de primera instancia del juez Francisco Ferrer.

La Justicia, de esta manera, rechazó la medida cautelar que frenaba la puesta en marcha de la Ley Nº 4888, por la que se aprobaron los pliegos de bases y condiciones para la licitación pública nacional tendiente a otorgar la concesión del servicio público del sistema de estacionamiento regulado.

Los jueces sostuvieron que no corresponde el procedimiento de doble lectura para la Ley N°4888, tal como planteó la amparista, ya que “en la norma cuestionada no se habría dispuesto el uso especial de un bien perteneciente al dominio público mediante el instituto jurídico expresamente previsto en la Constitución como un supuesto que exige procedimiento de doble lectura, sino otorgar la concesión de un servicio público, en aras de la satisfacción del interés general”.

La Sala I señaló que “mediante la Ley N° 4888 se dispuso aprobar los pliegos y condiciones para otorgar bajo el régimen jurídico de concesión de servicio público, la prestación de los servicios relacionados con el Sistema de Estacionamiento regulado”.

La demandante promovió acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de la Ley N° 4888, por cuanto habría sido sancionada en violación a lo establecido en los artículos 89, 90, 63, 46 y 12, inciso 5°, de la Constitución de la Ciudad. Además, como medida cautelar, solicitó que se dispusiera la suspensión de la convocatoria y el trámite de la licitación pública.