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Manuel Ludueña, Arquitecto Ambientalista, en Comunas un Desafío.
Publicado: 29 oct 2021
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Estuvimos conversando en Comunas un Desafío con Manuel Ludueña, vecino del barrio de Chacarita, arquitecto especializado en planeamiento urbano y regional; militante atento y un técnico de los mejores en este aspecto.
Acerca de los proyectos inmobiliarios/constructivos propiciados por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta nos refirió:
«La verdad que es muy preocupante porque por ejemplo este proyecto de IRSA en la Costanera Sur que hoy es como anacrónico, quizás en su momento pudo haber sido, pero era la función que tenía original que estaba vinculada con las actividades deportivas, no con residencias y menos con presencias suntuosas y por consiguiente estando en la costa uno piensa casi con seguridad el aumento del nivel de las aguas, el tema de que los suelos muy parecidos a los de la reserva ecológica (está en una zona donde está por unirse con la reserva ecológica), es decir la función que se pretende desarrollar es absolutamente anacrónica, lo que hay que hacer ahí son actividades que estén relacionadas con la recreación pero por sobre todo a mí entender con la forestación; yo planteé ahí una idea de proyecto en el sentido de hacer un bosque de Costanera Sur que complemente y se articule con la reserva ecológica para poder de alguna forma disminuir las emisiones de dióxido de carbono porque absorbería eso los árboles y a su vez con los beneficios económicos que tendría eso porque son acciones que se ponen en el mercado internacional al poner el bosque»
«Lo que uno podría hacer es comprar o expropiar esa propiedad a IRSA y además sobraría muchísima plata y evitaríamos las emisiones de dióxido de carbono que podrían generar esos edificios en funcionamiento y en construcción y se evitaría cualquier cuestión que tenga que ver con el riesgo climático que podría tener casi con seguridad la situación en que se encontrarían esas viviendas que después vamos a tener que rescatar.», redondeó.
Y al respecto señala, «estoy siguiendo la audiencia por la Costanera Sur, fui número 141 y la vengo siguiendo somos más de 2.553 los que están registrados y casi todo los que hablaron, hablaron en desacuerdo y todo el mundo planteó una idea de extensión de la reserva ecológica; hay jóvenes muy comprometidos, algunos profesionales, militantes de distintas orientaciones políticas, realmente es un conjunto social muy interesante en términos pro positivos e inclusive me parece mejor definido y con muchísimo más fundamento que la que se había hecho en Costanera Norte pero de cualquier modo sigue siendo la misma visión, la de recuperar la costa para el uso público.»
Y añadió, «hay una cosa por lo menos para mi muy importante y lamentable, es el uso de una figura que se llama <convenio urbanístico>; que ahora figura dentro del código urbanístico y es manejado de forma realmente lamentable, porque el convenio urbanístico viene armado y en la legislatura solo se puede decir SI o NO, no se le puede cambiar ni una coma, nada, porque por ejemplo se aumenta respecto de la capacidad constructiva que había antes en algo de 180.000 metros cuadrados o se promueve una altura de 145 metros cuando antes era de 90 metros o sea hay una serie de cuestiones que se plantean respecto de la situación anterior pero que están a libro cerrado.
Eso tiene un problema muy serio que es la falta de instrumentación de la democratización de las instituciones entonces ¿cuál es el tema? ¿cómo tendría que haber sido el convenio? habiendo hecho una presentación pública inclusive con una audiencia pública y con un procedimiento previo en el ejecutivo, no en el legislativo, es decir antes que se firme el convenio después con esa opinión de los vecinos o de quien fuere respecto de los contenidos de ese convenio sería elevado a la legislatura y la legislatura tendría que decir SI o NO, ahí tiene sentido ese SI o NO porque hubo procedimiento antes en el cual participó la población, pero en este caso no hay ninguna participación porque solamente es por SI o por NO entonces las opiniones no sirven, nosotros podemos fundamentar pero solo sirve para decir NO, sería esa la traducción en el proceso legislativo y me parece que en ese sentido hay mucho lo que hay que oponerse porque es una ausencia total de participación social, esto es una enmascarada queda como una cosa por la galerie digamos, es como que vos podes ir a decir algo pero en realidad no importa lo que digas.»
Del peligro que representa construir allí agrega, «hay algunos hidráulicos (ingenieros) que estuvieron investigando el tema del suelo y lo que dicen es que la mitad no tiene capacidad, no tiene ninguna resistencia, es una zona muy floja por eso la idea de que es un humedal y que debe estar bien porque es parecido al proceso que tuvo la reserva ecológica y el resto del territorio tendría alguna capacidad, pero en realidad es inapropiado; no es apropiado construir sobre la costa, inclusive desde el punto de vista de la Constitución es absurdo porque te dice la ribera es de uso público y esto es la ribera no es el camino de sirga (camino o calle que deben dejar los propietarios ribereños a ríos o canales para uso público, con fines de navegación, hasta la orilla de un río, lago o canal, sin recibir a cambio ninguna indemnización) porque la Constitución no dice camino de sirga dice ribera y la ribera es toda la zona costera sobre el Río de la Plata o sobre el Riachuelo en su otra versión, entonces digamos que todo el manejo que se está haciendo es inconstitucional, es inconstitucional la forma de participación, es inconstitucional el modo de apropiarse de un territorio que no es apto para la función que se le quiere dar y además se le está cambiando el uso que tenía originalmente que era de deporte, siendo de deporte las actividades no son permanentes; esto que son actividades permanentes es absolutamente inadmisible.»
Y nos redondeó el concepto de comprar y/o expropiar el lugar de la costanera sur, «a mi entender absolutamente es mejor pagarle a IRSA; yo hice las cuentas da como 18 mil millones en el largo plazo y el costo de eso, porque la AGIP tiene valorado el terreno y el terreno lo valora en 1.900.000 mil entonces si se van a obtener 18 mil millones es muchísimo el beneficio que habría y se podrían derivar esos recursos para sectores que lo demanden: viviendas populares e inclusive se ahorraría el tener que hacer una infraestructura de desagües cloacal como se está denunciando que solo para favorecer a este desarrollo y en los otros desarrollos dejan tierra pública vendida.»
«El otro día hice una nota que salió en Clarín (Arquitectura) haciendo una re lectura de lo inconstitucional que es todo el proceso que se está haciendo referido a la tierra pública y a los usos que se están promoviendo, los convenios urbanísticos; se está haciendo una nueva fractura en la Ciudad de Buenos Aires, si en la constitución teníamos la fractura norte-sur ahora tenemos la fractura este-oeste, es decir están generando una situación que además de aumento del precio de la tierra, lo cual es expulsivo progresivamente para muchísimos vecinos porque al aumentar la capacidad constructiva de casi toda la ciudad lo que pasa inmediatamente a hacer es que encarecen los terrenos o sea todos los propietarios van a tener valorado su terreno, además se está dando lugar a la formación (ya existe parcialmente) de mercados que son monopólicos; el tema del manejo que se tiene de los shopping por decir algo que es más que evidente es monopólico, es IRSA solamente el que maneja los shoppings lo mismo se está haciendo con muchos sectores de la tierra inclusive la retención de tierras que ha tenido IRSA en todo este tiempo en cualquier ciudad del mundo es inadmisible, los costos que tendría que tener serían enormes porque deberían construir, no lo hizo como expectativa del aumento del precio de la tierra hasta que terminara Puerto Madero porque con eso se le elevaba el precio de la tierra y ahora pretende hacer un desarrollo que es propio de los ´90 por no decir de los ´80 pero no es propio de este momento; hoy la clave tiene que ver con prever este aspecto que pueda redundar de forma negativa en cuanto al cambio climático.»
Lo consultamos por su opinión de Rodriguez Larreta y nos respondió: «es el anti gobierno porque yo también denuncie una cosa desde el punto de vista ideológico, hay un filósofo que tenía la visión (visión del neoliberalismo) que quienes planifican son las empresas y el gobierno, el estado no planifica, sino que es un facilitador de las propuestas que llevan adelante las empresas.
O sea, es el anti gobierno, digamos anti social, es algo que está tan alejado de lo que es una función de gobierno porque solamente la función que se está promoviendo es la apropiación empresarial del mercado, del espacio público y del espacio privado.»
Y finaliza con su visón del/los gobiernos porteños,» en este caso me parece que es bastante peor porque piensa en una institución tipo europea, pero para nosotros es mucho peor porque se trata de un gobierno armado expresamente para llevar adelante un proyecto empresarial, ese proyecto se inició con Macri, con la visión y la estrategia que llevo adelante SOCMA es decir tiene una historia y que hay otras personas de gobiernos anteriores sobre todo de Menem muy vinculados con esa visión.
Cuando uno piensa quien manejo originalmente el registro de la propiedad todo es Macri, o sea siempre tuvieron toda la información y desarrollaron una estrategia hasta que lograron posicionarse y llevan adelante un proyecto que no son cosas aisladas, cuando ellos plantean los distritos económicos son parte del proceso de redefinición de cómo llevar adelante estrategias empresariales en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires e irlo valorizando, cuando venden la tierra, Macri vendió algunas como también le dio concesiones a sus amigos, pero cuando ellos logran asumir a nivel nacional aceleran todo el proceso y Rodríguez Larreta lo sigue.»