Masacre de los Palotinos en San Patricio.
En la madrugada del 4 de julio de 1976, una patota de represores ingresó a la parroquia de San Patricio, en el barrio porteño de Villa Urquiza, acribilló a los sacerdotes católicos Alfredo Leaden, Alfredo Kelly y Pedro Duffau y a los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti.
“Estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes», escribieron los represores en las paredes del lugar, donde agregaron: “Por los camaradas dinamitados de la Seguridad Federal”.
Pasaron 47 años de la “mayor masacre que sufrió la Iglesia durante la dictadura” y la investigación judicial que la revisa permanece “en un limbo” en el que carece aún de responsables, partícipes o cómplices identificados.
El asesinato de los palotinos de San Patricio apareció mencionado en la megacausa ESMA en 2005.
Dos sobrevivientes de ese centro clandestino declararon que el genocida Antonio Pernías, se había jactado de haber participado de la masacre. Luego, los marinos Miguel Angel Balbi y Claudio Vallejos hicieron lo propio.
En 2006, Pernía y otros 15 colegas suyos en el horror de aquel lugar –Jorge “Tigre” Acosta y Alfredo Astiz, entre otros– fueron procesados, pero la Cámara Federal consideró que las pruebas no eran suficientes.
El Juez Lijo citó varios fragmentos de documentos desclasificados por Estados Unidos en los que se mencionaba a la masacre y a sus responsables.
“Resulta claro que fueron asesinados por miembros de la Policía Federal, no de la Armada”, reporta uno de los cables citados. “Se los consideró un blanco fácil en la ola de ejecuciones extrajudiciales que la policía llevó a cabo en represalia por el bombardeo a la estación de policía el 2 de julio”, informa otro. Un último cable habla de “seis suboficiales de la PFA, sin autorización de un superior, decidieron llevar a cabo un ataque en represalia contra los dos seminaristas, lo que resultó el asesinato del 4 de julio de 1976 de tres sacerdotes y dos seminaristas”.
A 47 años de la masacre, el colectivo Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia pide “decisión y determinación” para avanzar “sobre los responsables y los partícipes necesarios también, algo que está sin tocar todavía.
¿Quiénes serían los partícipes necesarios? Cuando el colectivo fue admitido como amicus curiae, presentó ante el Juzgado un documento en el que solicitaba que se retome la línea de investigación sobre efectivos de la Comisaría 37ª que había quedado trunca en 1986, cuando la causa naufragó junto a otras en el reino de las leyes de impunidad.
“En 1986, el entonces fiscal Aníbal Ibarra procesó al entonces comisario Rafael Fensore –quien ya falleció– y al oficial Miguel Angel Romano como partícipes necesarios de la masacre. Fueron los que liberaron la zona”.
“No se retomó más esta línea, a pesar de nuestro pedido: estas dos personas, más otras tres que estuvieron en la zona de los hechos –Agustín Báez, Serafín Losada y Atilio Juárez–, supieron que iba a haber un crimen y no hicieron nada, más el exagente Víctor Randazzo, quien hizo el acta del asesinato, no fueron indagados.”, señalan los denunciantes.
Fuente: Página 12