Milei y Sus Jueces por Decreto.
Se publicó en el Boletín Oficial el decreto N°137/2025 firmado por el Presidente Javier Gerardo Milei que dispone el nombramiento en comisión del juez federal, Ariel Oscar Lijo, y del académico, Manuel García Mansilla, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La decisión se da luego de que la Corte Suprema quedara con tres integrantes (Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti), frente a las renuncias de Elena Highton (con fecha 1/11/2021) y de Juan Carlos Maqueda (29/12/2024).
Ante ello, el Gobierno había postulado el año pasado a Lijo y a García Mansilla: el primero para cubrir la vacante que había dejado Highton, y el segundo para la que iría a producir Maqueda a fin de año, por cumplir los 75 años. Fue así que se llevaron a cabo en el Senado las audiencias públicas de los candidatos: el 21 de agosto fue la de Ariel Lijo, y el 28 de agosto la de García Mansilla.
Sin embargo, el Gobierno no llegó a un acuerdo que le permitiera obtener los dos tercios de los votos de los senadores presentes, mayoría requerida por el artículo 99 inc. 4° de la Constitución Nacional. De hecho, la semana pasada se había convocado una sesión especial para tratar la designación de Lijo (el único de los dos que había tenido dictamen favorable de su pliego), pero no se reunió el quórum necesario para sesionar.
Frente a ello, el Gobierno decidió avanzar en la designación de los candidatos bajo el argumento de que el Senado no aprobó los pliegos y que éste ingresó en receso, lo que lo facultaría a designar a los magistrados de la Corte Suprema en comisión.
De esta manera, Milei logrará que en la apertura de sesiones legislativas de este sábado Lijo y Garcia-Mansilla ya estén ubicados junto a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, actuales integrantes del máximo tribunal.
La designación vía decreto se extenderá por nueve meses, hasta el fin del año parlamentario, de acuerdo al artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional, que prevé, entre las atribuciones del Poder Ejecutivo, “llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.
Durante esos nueve meses, el Gobierno «continuará con el trámite legislativo para que la Cámara Alta ejerza sus atribuciones y preste los correspondientes acuerdos a los pliegos».
García Mansilla había explicitado durante su exposición en la comisión de acuerdos del Senado que no estaba dispuesto a aceptar un nombramiento en comisión.
El bloque de senadores de UxP apuró un comunicado en el que detalló que no está dispuesto a votar los pliegos de jueces que acepten ser ungidos por decreto.
“Que se sepa públicamente que la persona que acepte ser designada por decreto, inmediatamente nuestro bloque va a pedir sesión para votar la destitución”, adelantó en noviembre pasado el titular del bloque de Unión por la Patria, José Mayans.
La Corte Suprema tampoco quiere que el Gobierno Nacional designe jueces por decreto por eso en diciembre elaboraron un sistema para funcionar con conjueces.
Ese mes, el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, lanzó incluso una advertencia y dijo que si a Milei se le ocurría designar por decreto a nuevos miembros del máximo tribunal, serán los propios cortesanos actualmente en ejercicio quienes tengan la última palabra sobre la constitucionalidad o no de esa decisión.
Mauricio Macri había utilizado la misma herramienta en 2016 para ungir a Horacio Rosatti y a Carlos Rosenkrantz, pero finalmente los jueces asumieron con el aval de los dos tercios del Senado, que esta vez el Gobierno no consiguió para los postulantes que promovió.