Militares a las Calles; Macri Recorta la Democracia.

En un acto en Campo de Mayo, el presidente Macri ratificó la importancia de las Fuerzas Armadas y la necesidad de colaboración en la seguridad interior, además de avanzar en un debate para reformar el sistema de defensa nacional.

En siete minutos anunció su plan para las Fuerzas Armadas: que combatan el terrorismo y el narcotráfico. Por ahora será vía decreto sin aclarar si se enviará un proyecto de ley al Congreso.
El Gobierno deberá modificar las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior de 1988 y 1991, respectivamente, y el decreto 727 de 2006, que marcaron los límites para que las Fuerzas Armadas intervengan en cuestiones de seguridad interior.

Comenzó prometiendo una solución definitiva al tema salarial de las FFAA, malestar visibilizado en la negativa a realizar el desfile del 9 de julio ante el ofrecimiento de reajuste del 8 por ciento.

Muy cuestionable fue otra frase de Macri: «Sabemos que esta transformación no va a ser fácil, pero celebro que estemos unidos para alcanzar los consensos y construir fuerzas armadas modernas», «Queremos saldar la deuda que tenemos con las fuerzas armadas de la democracia», insistió.

El Gobierno buscará liberar a los Gendarmes que cumplen tareas de custodia de recursos como Vaca Muerta o las centrales nucleares de Atucha, para poder sumarlos a la intervención en conflictos sociales, sin necesidad de modificar las leyes de Defensa y Seguridad Interior, lo que debería pasar por el Congreso.

Lo que sostienen los organismos de derechos humanos (CELS, etc.) es que detrás de los paradigmas de las “nuevas amenazas” que promueve Estados Unidos, se impulsa la separación entre defensa y seguridad que tan celosamente se mantuvo en las últimas décadas en el país y habilita la posibilidad de una mayor represión de la protesta social y el uso de la inteligencia militar para tareas de espionaje interior.

La Ley de Defensa Nacional fue promulgada en 1988 por Raúl Alfonsín y garantizó 30 años de límites claros para la gestión.

Muchos sectores de la oposición y hasta propios de la Alianza Cambiemos (Ricardo Alfonsín) ya se mostraron contrarios a esta determinación oficial.

“Desde 1983 es una política de Estado separar la defensa nacional de la seguridad interior. Involucrar a las FFAA en asuntos de narcotráfico es ilegal y en países como México, Colombia y Brasil fracasó, lo que generó una revisión de esa decisión”, dice el comunicado de la bancada del FpV-PJ. “Casualmente cuando recrudece la crisis social por el ajuste y el pacto con el FMI, Macri apela a la demagogia punitiva y continua su degradación de la democracia y el estado de derecho”, plantean los legisladores al tiempo que reclamaron que exigieron que “el debate pase por el Congreso”.

Ya se está organizando un acto de repudio a este decreto para el día jueves 26 de julio.