Multitudinaria Marcha Defendiendo a la Universidad Pública.

Con movilizaciones multitudinarias, la comunidad educativa protagonizó este martes en todo el país una histórica jornada en defensa de la universidad pública y en rechazo al ajuste presupuestario dispuesto por el gobierno de Javier Milei.

En la Ciudad de Buenoa Aires los manifestantes colmaron el Congreso y la Plaza de Mayo, desbordando las calles aledañas con una concurrencia estimada en 800 mil personas, según los organizadores, y de mas de 1,500.000 en todo el país (Mendoza, Rosario, Santiago del Estero, Posadas, San Luis, Chubut, San Juan, San Salvador de Jujuy, Rio Grande y Ushuaia en Tierra del Fuego).

La marcha fue convocada de manera conjunta por el Frente Sindical de Universidades Nacionales -que nuclea a los gremios docentes y no docentes Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Fagdut, UDA, Ctera y Fatun-; la Federación Universitaria Argentina (FUA) -que representa a más de dos millones de estudiantes- y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que congrega a las autoridades de 57 universidades nacionales y 14 provinciales y recibió el apoyo de la CGT, las CTA y distintas organizaciones sindicales y sociales.

Al canto de “La UBA no se vende, la UBA se defiende”, una masiva columna de la Universidad de Buenos Aires (UBA) partió esta tarde de la plaza Houssay, encabezada por su rector, Ricardo Gelpi y el vicerrector Emiliano Yacobitti, y recorrió las avenidas Córdoba y luego Callao hasta llegar a la Plaza Congreso, en medio de un importante despliegue de fuerzas de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía de la Ciudad.

Columnas de docentes y estudiantes de otras casas de estudio públicas del conurbano bonaerense –como Moreno, San Martín, Avellaneda, entre otras- y de la ciudad de La Plata llegaron caminando a la ciudad de Buenos Aires y en tren a las estaciones de Constitución, Once y Retiro para sumarse a la marcha, en tanto que las líneas de subte también se vieron colapsadas de gente.

Docentes, no docentes, autoridades, investigadores y estudiantes universitarios protagonizaron la inédita marcha nacional, que tuvo su epicentro en la Plaza de Mayo.

Detrás de los referentes educativos, se ubicaron los representantes de las organizaciones de derechos humanos, como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, con Taty Almeida a la cabeza; y luego dirigentes de la CGT como Pablo Moyano y Carlos Acuña, las dos CTA y los movimientos sociales, como la Utep, el Polo Obrero y el Movimiento Evita, entre otros.

Entre las presencias políticas se pudo ver a los dirigentes de Unión por la Patria, los excandidatos presidenciales Sergio Massa –quien dijo que se sumaba para acompañar a sus hijos y compañeros de estudio- y Juan Grabois; el gobernador bonaerense Axel Kicillof; referentes de La Cámpora; el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau y dirigentes del Frente de Izquierda, como Myriam Bregman.

Se sumaron también artistas nucleados en la Asociación Argentina de Actores, excombatientes de Malvinas, científicos, asambleas barriales y estudiantes secundarios, en especial de los colegios univerisitarios Carlos Pellegrini y el Nacional Buenos Aires.

También, se sumaron a la marcha estudiantes y docentes autoconvocados de universidades privadas como la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), la de San Andrés y la Universidad Torcuato Di Tella.

A medida que la multitud copaba la avenida de Mayo y las calles laterales, los efectivos policiales (citaron 15.000) comenzaron a replegarse y desarmar los cordones de seguridad que habían conformado.

A partir de las 18.30 se leyó el Documento Final consensuado:

«La universidad pública argentina atraviesa un período crítico como consecuencia de las políticas implementadas por el gobierno nacional. Agradecemos las manifestaciones de la sociedad en apoyo del sistema universitario público y convocamos a la ciudadanía a trabajar para sostener las universidades abiertas haciendo docencia, investigación y extensión. Las universidades públicas son uno de los motores de la democracia, la producción y los lazos sociales.

Nuestras universidades han sufrido un fuerte ajuste en términos reales en los denominados gastos de funcionamiento: la partida que mes a mes el Poder Ejecutivo envía a las universidades para que puedan funcionar (mantener edificios, realizar obras, sostener programas de becas, residencias y comedores, incentivar el desarrollo científico, financiar hospitales, laboratorios y proyectos de investigación, y pagar servicios básicos, alquileres, seguros y la protección de sus sedes). Llegamos a marzo de 2024 con un presupuesto de gastos a valores de septiembre de 2022. El incremento del 70% de estas partidas, dispuesto para el mes de marzo y aún no abonado, más el reciente anuncio, en el marco de esta convocatoria, de un 70 % adicional, constituyen un aliciente aún insuficiente en tanto la inflación fue de un 300% en el mismo período de tiempo. Además, las obras del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria, que habilitaban la posibilidad de desarrollar infraestructura incorporando obras que, por su envergadura, es imposible afrontar con propio presupuesto, se encuentran paralizadas y no hay certezas ni información respecto de su continuidad.

Cabe destacar que más del 90% de lo que el Estado invierte en la educación superior se destina al pago de salarios de quienes trabajan como docentes y no docentes en las universidades.

En estos últimos meses, el salario de las trabajadoras y los trabajadores ha perdido 50% respecto de la inflación. Este deterioro salarial se hermana con el del resto de los sectores del mundo del trabajo. Ello lleva a retomar consignas de hace más de 20 años: ¡Ningún trabajador o trabajadora de las universidades nacionales por debajo de la línea de pobreza!

Reivindicamos los convenios colectivos sectoriales –docentes y no docentes– y el espacio paritario nacional con participación plena del Gobierno nacional, quien hasta ahora malversa su participación, imponiendo aumentos paupérrimos de manera unilateral. De esta manera, se cancela de hecho la negociación colectiva, pilar del diálogo social, y uno de los principios y derechos fundamentales del trabajo reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo. Exigimos paritarias libres, sin techos, para garantizar salarios acordes a la situación inflacionaria y que permitan recuperar con urgencia lo que se ha perdido. Sin salarios dignos de docentes y no docentes, la universidad pública es inviable. También, es indispensable que se mejore de manera urgente la situación de las jubiladas y los jubilados que atraviesan otro período de pérdida salarial, y que se restituya inmediatamente el Fondo Nacional de Incentivo Docente para toda la docencia inicial, primaria, media, terciaria y preuniversitaria. Rechazamos la política de ajuste y disciplinamiento. La comunidad universitaria se organiza, resiste y se solidariza con todos los sectores que hoy atraviesan una situación similar o peor por afrontar despidos masivos.

La educación es un derecho humano fundamental porque se impone sobre el ingrato azar de la desigualdad. Defender esta concepción de la educación es de vital importancia y, más aún, en una universidad argentina en la que sus estudiantes se enfrentan al aumento generalizado de precios que impacta sobre salarios, servicios, alquiler y transporte, poniéndose en jaque el acceso, la permanencia y el egreso. Las y los estudiantes trabajan y cuidan sus familias. En ese contexto, las políticas de becas son fundamentales para democratizar. Sin embargo, su recorte es alarmante: tanto así que al retraso respecto de la inflación que sufren las Becas Progresar y Manuel Belgrano se le suman recortes en términos de montos, requisitos y período de inscripción. Estas decisiones del Gobierno nacional hacen que el desguace sobre las herramientas conquistadas sea prácticamente total. Hoy las universidades carecen del presupuesto suficiente para sostener becas propias. Se necesitan presupuesto y políticas de bienestar estudiantil para poder estudiar. Ante esto, asumimos la tarea de defender inclaudicablemente el acceso a la educación de las grandes mayorías.

No queremos que nos arrebaten nuestros sueños: nuestro futuro no les pertenece. Somos orgullosos hijos e hijas de la universidad argentina; somos la universidad pública, gratuita e irrestricta en el ingreso, de excelencia, con libertad y equidad. Somos la universidad para el gran pueblo argentino. Por eso, lucharemos en una irrenunciable resistencia democrática y pacífica, por la educación que queremos, por el país que anhelamos.

Por otra parte, los sectores científico-tecnológicos y de investigación nacionales atraviesan uno de los momentos más críticos de su historia. A través de las universidades y centros de investigación distribuidos federalmente, la Argentina se ha caracterizado por ser una referencia de ciencia y tecnología en el mundo entero, dotando de desarrollos de punta y profesionales de excelencia al sector público y privado. Nuestras científicas y científicos son desprestigiados respecto de la calidad de sus trabajos, cuestionados respecto del valor que la ciencia y la tecnología tienen para el desarrollo nacional y privados del reconocimiento que poseen su arduas labores, muchas veces de dedicación exclusiva. La ciencia y la tecnología forman parte de la universidad pública ya que la investigación es uno de sus pilares. Muchas investigadoras e investigadores no llegan a fin de mes y carecen de información cierta sobre la posibilidad de continuar con sus proyectos por los recortes en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, así como en institutos dependientes de las universidades. La ciencia y tecnología son aspectos sustanciales para la producción de soberanía, desarrollo y progreso. “Un país que no invierte en ciencia renuncia a su soberanía”.

El desfinanciamiento de la universidad y del sistema científico va en desmedro de los declamados objetivos de lograr el crecimiento económico. Es un retroceso para la economía del país que puede tener en las exportaciones basadas en la economía del conocimiento un sustento significativo. Gracias a su sistema universitario y científico, Argentina es el primer país de América Latina en I+D+I. En este país se fabricó uno de los diez reactores de energía más importantes del mundo. Entre 2018 y 2022, la producción de software generó 19.500.000.000 de dólares. Más de cien nuevas empresas en biotecnología han puesto al país, también, en el primer puesto de América Latina. Gracias a la investigación aeroespacial en la universidad pública, Argentina es uno de los diez países que tienen capacidad para diseñar y producir satélites.

Defendemos el acceso a la educación superior pública como un derecho. Creemos en la capacidad igualadora de la educación pública y gratuita, en el poder transformador de la universidad como formidable herramienta de movilidad social ascendente y en el aporte diferencial y sustantivo que la producción científica hace en la sociedad del conocimiento. Todos los problemas que tenemos se resuelven con más educación y universidad pública, con más inversión en ciencia y tecnología. Queremos que nuestras instituciones sean el dispositivo que le permitan a la Argentina desandar las desigualdades estructurales y emprender la senda del desarrollo y la soberanía. La educación nos salva y nos hace libres. Convocamos a la sociedad argentina a defenderla.»

Fuente: Somos Télam