Recortes en Discapacidad, Sin Ejecución de Presupuesto: Pago de Deuda.
Las «listas negras» comenzaron a circular primero en forma de un comunicado interno filtrado desde Personal, luego en la confirmación vía Boletín Oficial, y finalmente a través de un WhatsApp de urgencia que enlazó a las filiales de todo el país.
A falta de una comunicación oficial que anunciara y explicara los motivos del despido de 165 trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), ellos mismos comenzaron a hacer un relevo de la situación.
Pronto cayeron en la cuenta de una realidad alarmante: en Goya, Corrientes, en Bahía Blanca, Trenque Lauquen y Arrecifes, en la provincia de Buenos Aires, se desarmaron centros de atención enteros de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Son regiones del país que quedan sin acceso a atención alguna, lo cual implica en los hechos la imposibilidad de obtener ayuda para tramitar nuevas pensiones, hacer un seguimiento de las ya iniciadas, o responder a cualquier necesidad de esas poblaciones.
En el resto de las regiones, claramente, la restricción de personal dificulta la atención, la ralentiza, proyecta más obstáculos sobre los ya existentes: vulnera más derechos. Pero en estas regiones del país, directamente los suprime.
Cada centro cerrado representa la atención de varias localidades: desde Trenque Lauquen, por ejemplo, se abarcaba la atención de las localidades cercanas de Tres Lomas, Saliqueló, América, Villegas, Carlos Casares, Pehuajó, Casbas, Pellegrini, en un radio de varios cientos de kilómetros.
Los trabajadores de Andis despedidos, víctimas de la motosierra presidencial, orientaban y acompañaban a las familias en la realización de trámites engorrosos como los que hay que atravesar para obtener una pensión no contributiva, el certificado médico oficial (CMO) o los certificados únicos de discapacidad (CUD), que les permiten acceder a las prestaciones previstas en las leyes nacionales 22.431 y 24.901.
El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, había garantizado «la continuidad de todos los programas que benefician a las personas con discapacidad en todo el país», ante la situación de emergencia declarada por el sector debido a la desactualización de aranceles y la suspensión del servicio del transporte.
La suspensión del transporte a causa de la inflación y la falta de actualización de aranceles en el sector, afecta a más de 200.000 familias y personas con discapacidad sin poder acceder a sus tratamientos.
Esto ejecutó en enero la Secretaría de Desarrollo Humano del Ministerio de Capital Humano en alimento: 0%. Nada. Ni un peso.
En el resto de las partidas tampoco (salvo algo de dinero en transferencias varias que representa 0,015% del total).
No ejecución de los recursos vinculados a comedores y en la Agencia Nacional de Discapacidad.
La ejecución al 03/03/2024 muestra:
a. Pensiones por invalidez: la ejecución suma 21%, pero sobre el presupuesto prorrogado (son los valores del Presupuesto de 2023). Si se proyecta un valor equivalente de 2024 (según inflación REM BCRA), la ejecución se reducirá a menos de 6%.
b. Acciones de la Agencia de Discapacidad: la ejecución del fondo específico conformado por multas de emisión de cheques del articulo 3 del Decreto 698/17 (Los fondos que recaude el Banco Central de la República Argentina en virtud de las multas previstas en la presente ley serán destinados para la aplicación de los programas y proyectos a favor de las personas con discapacidad, que será administrado por el Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad, creado por decreto del Poder Ejecutivo nacional 153/96 y sus modificatorias.
Dichos fondos serán aplicados en los programas proyectos citados, conjuntamente con los recursos previstos en el artículo 10 de la ley 25.413) directamente no tiene ejecución. Me refiero al programa 16, cuyos fondos, como mencioné, son de afectación especifica.
La ejecución es nula. NADA. Solo se gastó para una parte del funcionamiento operativo de la Agencia.
Pero entonces ¿Dónde fueron los recursos?
Estrictamente son parte del recorte que apunta a reducir el déficit, no van a un destino específico. En este sentido, la ejecución de la Agencia sigue la suerte del resto de las partidas:
Pero no todas las partidas se ven afectadas.
Mirá lo que sucede con los intereses de deuda: el 50% del gasto total base caja en enero y febrero corresponde a intereses de deuda.
Fuente: Página 12 – Hernán Letcher, Director del CEPA