La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió una serie de medidas que buscan reforzar la ejecución del plan de saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo, en el marco del cumplimiento de la sentencia del caso Mendoza. La novedad saliente es la designación de los jueces federales Sergio Torres y Jorge Rodríguez, en lugar del juez Luis Armella, separado por el máximo tribunal el 6 de noviembre.

Desde el Juzgado Federal en lo Criminal Correccional N° 2 de Morón,a  cargo del doctor Jorge E. Rodríguez, deberá lidiar con los 15 distritos que conforman los tres sectores de la cuenca, principales responsables del atraso más significativo del proceso: las relocalizaciones de los asentamientos que todavía ocupan el camino de sirga.
Se tomó en cuenta varios de los aspectos planteados en las audiencias públicas realizadas y, en ese sentido, exigió «una pronta y completa solución» a los siguientes problemas:
Relocalización de establecimientos industriales, en especial el predio ACUBA, en el partido de Lanús; creación de sistemas de medición de calidad de aire de agua; detección de conexiones clandestinas; relocalización de barrios de emergencia y asentamientos poblacionales precarios, la Corte hizo especial mención a Villa Inflamable, responsabilidad del municipio de Avellaneda.
En cuanto a las obras a concluir, el máximo tribunal pidió celeridad para que se termine la planta depuradora del Bicentenario, en Berazategui y la de tratamiento en Dock Sud. AySA se comprometió a finalizar la primera en junio de 2013 y no dio precisiones sobre la segunda.
Además, reclamaron la implementación de «medidas necesarias para que los nodos de vigilancia epidemiológica reciban información no sólo de los efectores públicos sino también de los privados». Este pedido busca darle mayor entidad al trabajo realizado por los organismos de la sociedad civil que integran el órgano consultivo y cuyo trabajo fue elogiado por el tribunal.
También pidieron «agilizar la aprobación de los planes de reconversión industrial» y «finalizar la puesta en funcionamiento de las unidades sanitarias ambientales que se encuentran en ejecución y avanzar en la licitación de aquellas aún no adjudicadas». En este punto mencionaron el caso del Hospital de Cuenca Alta en la localidad de Cañuelas que, según lo informado por ACUMAR, avanzó sólo un 40 por ciento.
También  la Corte exhortó a los magistrados «a buscar mecanismos eficaces de coordinación de su actuación para evitar tanto los conflictos de competencia como el dictado de pronunciamientos contradictorios que pudieran obstaculizar el avance del plan de saneamiento, recomposición prevención de daños en la cuenca».   «