Un correctivo para Macri

Luego de una ardua negociación, el bloque PRO y gran parte de la oposición porteña ratificaron el DNU y votaron una ley correctiva. La norma fijó indemnizaciones con topes de 20 mil pesos para bienes inmuebles y otros elementos como heladeras y televisores y 8 mil pesos para vehículos. En total, el tope es de 28 mil pesos, cuando en el DNU de Macri era de 20 mil. También eliminaron un techo que se había fijado a los fondos a repartir entre los vecinos, que correspondía al 5 por ciento de la recaudación del ABL. Según los cálculos de la oposición, con ese tope el dinero alcanzaba para darle 1700 pesos a cada damnificado. Por último, aumentaron la cantidad de días de los que se dispone para hacer el trámite a un mes. Si después de 30 días hábiles, el gobierno porteño no tasa los daños, se considera que el dinero a pagar es el que exigía el damnificado.

El gobierno de Macri tuvo que dar varias marchas atrás desde que el líder de PRO aterrizó de sus vacaciones en Brasil, en pleno desastre. Al principio rechazaron los proyectos opositores para aumentar las indemnizaciones y dar exenciones de ABL, pero el viernes pasado Macri resolvió firmar un DNU donde otorgaba seis meses de exención de ABL y subía el tope de las indemnizaciones a 20 mil pesos.

Esta concesión debió ser revisada una vez más cuando los jefes de bloque opositores se reunieron con el vicepresidente primero Cristian Ritondo, el legislador PRO Rogelio Frigerio y el ministro de Hacienda, Néstor Grindetti. Fueron casi seis horas de negociación sobre los topes, los montos y la posibilidad de dar una suma inmediata a los damnificados, que los macristas rechazaron. Finalmente, consensuaron aprobar el DNU y, a la vez, aprobar una ley que lo modifica y lo corrige. El DNU se aprobó por 48 votos a favor y 4 en contra y la ley correctiva, por 50 votos a favor y 4 en contra. Los que se opusieron fueron del bloque de Proyecto Sur, salvo Rafael Gentili, que votó a favor, y Alejandro Bodart, que se abstuvo.

“Hay que discutir todas las obras que no se han hecho –planteó Bodart, en un discurso encendido–. Por la presión social, el gobierno porteño tuvo que cambiar la política de los primeros tres días, cuando decían que no había plata. Pero, ¿por qué se insiste en poner topes y no darle a la gente lo que perdió? ¿Por qué un Estado que hizo todo para que se inunde no da una respuesta inmediata?” El legislador del MST volvió a proponer que la exención del ABL sea por un año y se sume el Impuesto a Patentes.

“Cuando todos creían que podía haber un antimacrismo fácil, todos tomamos conciencia de que lo que pasaba era muy grave. No vamos a repartir responsabilidades”, propuso Ritondo. No le hicieron caso. “Acá hay un Estado responsable que se tiene que hacer cargo. No puede haber un tope para las indemnizaciones y tiene que haber una reparación inmediata de 10 mil pesos a sola demostración del domicilio”, afirmó Pablo Bergel, de Proyecto Sur. “Inmediata y no dentro de 40 días”, remarcó su compañero de bloque Adrián Camps. “Las catástrofes son una reproducción de derechos vulnerados sociales”, advirtió Fabio Basteiro, de Buenos Aires para Todos. Su bloque se abstuvo en la ratificación del DNU y votó el correctivo.

“Más adelante tendremos que discutir qué pasó con la basura en esta ciudad, que tapó los sumideros, y sobre las obras hidráulicas”, indicó Claudia Neira, del bloque Buenos Aires 20/21. “Son preferibles las obras a los subsidios. El gobierno porteño se endeudó las veces que quiso, así que queda el interrogante sobre las obras de los arroyos Vega y Medrano”, planteó Aníbal Ibarra, que votó a favor junto con el resto del interbloque kirchnerista. “En la sesión del jueves presentaremos otros proyectos, pedidos de informe y reclamos por la obra del Vega. Hoy no era lo urgente”, tuiteó Gabriela Cerruti, de Nuevo Encuentro. “Es un régimen no permanente para una situación permanente y eso es un problema”, indicó Fernando Sánchez, de la Coalición Cívica.