El Observatorio del Derecho a la Ciudad, Sigue Denunciando a Larreta.

«Durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta la privatización de tierras públicas y la sanción legislativa en favor del mercado inmobiliario se potenciaron superando la privatización de tierras durante los ocho años del gobierno de Macri.»

El que esta realizando esta denuncia es  Jonatan Baldiviezo  que preside el Observatorio del Derecho a la Ciudad y lleva años denunciando las políticas gubernamentales que atentan contra el acceso a la vivienda y fomentan negociados sobre el suelo, entre otras cosas.

«Lo que vemos en la Legislatura, es una muestra clara,  que principalmente lo que se trata son ventas de tierras públicas, autorizaciones para emprendimientos inmobiliarios o concesión de servicios públicos. Prácticamente en estos tres años los principales temas de la Legislatura se han concentrado en ese tipo de políticas”, señala Baldiviezo, anticipando que el cuerpo legislativo porteño sancione la venta del predio El Dorrego y la concesión por hasta 20 años de edificios históricos del ex zoológico de Palermo.

«También hemos vuelto a privatizar todos los servicios públicos: aquellos que fueron privatizados en los 90 y que supuestamente después de 20-30 años de concesión deberían volver a manos del Estado. No fue así, se volvieron a privatizar. Incluso, servicios públicos que no existían en los 90, como el servicio de bicicletas”, dice. En cuanto a los servicios re-privatizados, enumera “el subte, el estacionamiento medido y la recolección de residuos”.

«Los subsidios habitacionales van incrementándose de a cientos todos los años, sin que haya una política que logre avanzar más allá de esa ayuda asistencial, que tampoco es una ayuda integral para personas en situación de calle. Sigue aumentando la población en las villas. La ciudad en estos últimos 20 años ha duplicado la cantidad de familias inquilinas. Lo cual implica que hay menos propietarios que se están haciendo dueños de más tierras en la Ciudad de Buenos Aires y esto va generando una fragmentación social entre propietarios e inquilinos. Si no se toman medidas, estos polos se van a distanciar cada vez más», siguió relatando.

«Los códigos urbanísticos y de edificación están pensados únicamente en relación a la capacidad constructiva de las parcelas. No tienen en cuenta nada de las relaciones económicas y sociales que pasan en la CABA. En vez de ser un código urbanístico, que operativice la planificación de la ciudad y el plano urbano ambiental, es un código inmobiliario. Únicamente determina y establece algunas reglas de cuánto y cómo se puede construir, que no es de los temas más relevantes a la hora de pensar a la ciudad», continuó.

«En estos años han ido otorgando cientos de permisos a obras ilegales, muchos de ellos denunciados a la justicia y muchos otros no, porque a la población se le dificulta el acceso a la justicia ya que tiene que hacerse cargo en algunos casos de poner en riesgo su patrimonio, viendo que este es un gobierno que ha perseguido a asambleas por haber intentado acudir a la justicia en defensa de derechos colectivos. Esta denuncia trata de aunar todas esas situaciones y tratar de mostrar que no son hechos aislados, no son errores de funcionarios sino que es una práctica sistemática que incluso podría –por el tiempo y la cantidad de permisos ilegales- transformarse en la comisión de asociación ilícita.»
La denuncia en cuestión fue firmada y presentada el lunes en la Legislatura, y se elevará formalmente a la Justicia en el transcurso de esta semana, según confirmó Baldiviezo.

Fuente: Nueva Ciudad.