Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública.

Publicado: 06 oct 2018
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La «Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública» contó con representantes de todo el país encabezando la movilización en la Ciudad de Buenos Aires y que a su vez se replicaron en el resto de las provincias del territorio nacional.

 

Miles de profesionales de 600 hospitales de todo el país se movilizaron contra el recorte de las partidas en el sector.

 

Denunciaron, además, que el presupuesto del próximo año contempla un recorte de recursos del 91 por ciento en términos reales.

Miles y Miles de personas marcharon desde el ex Ministerio de Salud de la Nación hasta el acto en Plaza de Mayo donde Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, dio lectura  al documento de consenso de las 400 organizaciones sociales, políticas y sindicales de todo el arco político opositor que convocaron junto a organismos de derechos humanos, asociaciones de la sociedad civil, científicas y académicas.

 

 

 

A continuación transcribimos el documento leído:

Eliminar el Ministerio de Salud de la Nación sintetiza el abandono del rol del Estado en la garantía del derecho a la salud al pueblo. Por esto, desde un colectivo plural y transversal convocamos a esta Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública.
Desde que asumió Mauricio Macri, venimos sufriendo el desmantelamiento de las políticas públicas en general y las del sector salud en particular. A partir del cambio de gestión, el gobierno está intentando implementar la falsamente denominada Cobertura Universal de Salud (CUS) junto a la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (AGNET): un sistema impuesto por el Banco Mundial que consiste en reasignar el presupuesto del sistema público de salud al sector privado, garantizando sólo  una “canasta básica” de servicios de forma gratuita, donde la población deberá pagar por las prácticas sanitarias que queden por fuera de ésta.
El gobierno redujo y subejecutó el presupuesto del área, vaciando y cerrando programas; trayendo aparejadas graves consecuencias a la población. Por ejemplo, se han registrado denuncias por faltantes de medicamentos, insumos básicos como preservativos y otros métodos anticonceptivos para garantizar la salud sexual, reproductiva y no reproductiva a la par que no se aseguran los recursos necesarios para la Interrupción Legal del Embarazo.
Incluso se ha comenzado a desarmar el plan nacional de vacunación, eliminando la dosis de los 11 años contra la meningitis, con el peligro que eso implica para toda la comunidad.
Del mismo modo, la precarización laboral y los despidos no cesan, como en el caso del Hospital Posadas, al tiempo que se profundizaron los problemas de infraestructura en hospitales y centros de salud.
El vaciamiento del sistema público junto al desmantelamiento del PAMI; provocan guardias cada vez más colapsadas, grandes dificultades para acceder a prácticas programadas, largas filas de madrugada y listas de espera de meses que no hacen sino agravar el estado de salud de las y los pacientes.
En paralelo, se mantienen cerrados siete hospitales de alta complejidad, seis de ellos en la Provincia de Buenos Aires y uno en Paraná, que podrían dar respuesta a más de un millón de personas.
Eliminar el Ministerio de Salud no es meramente un cambio de nombre y de organigrama. Con esta medida impuesta por el Fondo Monetario Internacional, se ponen en riesgo la gran mayoría de las políticas públicas que dependen de esta cartera.
Este retroceso histórico, implica la pérdida del poder de rectoría y de conducción estratégica de la política sanitaria nacional, permitiendo el avance incontrolado de las fuerzas del mercado y vulnerando no sólo los derechos de los ciudadanos y ciudadanas que acuden al sistema público de salud, sino que a su vez impacta negativamente en los millones de afiliados y afiliadas de la seguridad social.
Así mismo, se profundizó tanto la fragmentación como el abandono de las políticas territoriales del Ejecutivo Nacional, delegando en los gobiernos provinciales y municipales la responsabilidad de poder garantizar o no las políticas sanitarias; impactando negativamente en la programación federal y la distribución de insumos y recursos.
Eliminar el Ministerio de Salud implica ni más ni menos que degradar la salud, constituyendo un atentado a nuestro sistema público.
Cabe destacar que esta quita de derechos, se produce a partir de la brutal transferencia de recursos de los sectores populares a los capitales concentrados, provocando el aumento de la desigualdad, la desocupación y la pobreza.
Es así como, ante esta política de ajuste, el gobierno instala la acción represiva como única respuesta a los reclamos populares. Ya no hay garantías constitucionales, se está amenazando el Estado de Derecho y es moneda corriente la persecución política y judicial a la militancia popular.
Debemos recuperar nuestro derecho inalienable a la salud, exigiendo la restitución de todas las políticas públicas que sufrieron las consecuencias del ajuste, el vaciamiento, la desinversión y la subejecución presupuestaria; para así devolver a la ciudadanía el Ministerio de Salud que le pertenece.
Convocamos a las organizaciones sociales, políticas y gremiales, asociaciones de la sociedad civil, científicas y académicas; en suma al pueblo en su conjunto, a sumarse a las próximas acciones de esta lucha colectiva por la defensa de nuestros derechos.
¡Al gran pueblo… Salud!