15 Años de la Desaparición de Luciano Arruga.

Luciano Arruga desapareció el 31 de enero de 2009.

Tenía 16 años y vivía en Lomas del Mirador, partido de La Matanza.

Tras cinco años y ocho meses de su desaparición, encontraron el cuerpo de Luciano Arruga, que estaba enterrado como NN en el cementerio de La Chacarita

Lo que se pudo reconstruir hasta el momento es que a Luciano Arruga lo atropellaron la misma noche de su desaparición en el cruce de Emilio Castro y General Paz, del lado de capital, cerca de donde fue visto por última vez y a 15 cuadras de la casa de la familia Arruga.

El conductor del auto era un joven de 21 años, que hizo la denuncia al 911. Arruga fue llevado al Hospital Santojanni donde lo operaron, pero falleció a la mañana siguiente. La familia de Luciano había estado en dicho hospital pero nadie le informó sobre este NN que estaba internado.

En 2012 y 2013, la familia de Luciano Arruga y el CELS denunciaron y pidieron juicio político a las fiscales Roxana Castelli y Celia Cejas y al juez de garantías Gustavo Banco por las conductas que habían tenido durante la investigación por la desaparición de Luciano.

La fiscal Castelli delegó la investigación en la policía de la provincia de Buenos Aires, a pesar de que integrantes de esta fuerza habían hostigado y torturado a Luciano, y de que la participación de la Bonaerense en su desaparición era una de las principales hipótesis. También avaló irregularidades policiales y negó información de la causa a les familiares.

El 22 de septiembre de 2008, Luciano había sido torturado en el destacamento de Lomas del Mirador. Por ese hecho en 2015 fue condenado el ex policía bonaerense Julio Torales a diez años de prisión por torturar a Arruga antes de su desaparición, en un fallo unánime del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de La Matanza, que lo consideró coautor del delito de «torturas».

Para los jueces Diana Volpicina, Gustavo Navarrine y Liliana Logroño quedó acreditado que el 22 de septiembre de 2008, entre las 11 y las 19, Arruga estuvo alojado en el sector de la cocina del destacamento de Lomas del Mirador, tras haber sido detenido como sospechoso de un robo.

Aquel destacamento nunca estuvo habilitado para la detención de personas. Quedó constatado que la policía le ofreció trabajar para él y se negó. Luciano fue torturado a golpes «con un elemento duro o romo» por Torales, mientras otro policía lo sostenía. Los golpes fueron constatados por médicos del hospital de San Justo. A partir de entonces fue interceptado varias veces en la calle por la policía hasta su desaparición.

La fiscal Cejas pidió la intervención de los teléfonos de la mamá y la hermana de Luciano, Mónica Alegre y Vanesa Orieta, y de otres familiares de forma arbitraria, secreta y extendida en el tiempo. Durante más de un año, el juez Banco avaló esas intervenciones arbitrarias e ilegales sobre la privacidad e intimidad de la familia.

Recién en 2019 el sumario del pedido de juicio político concluyó. Solo la familia de Luciano y el CELS avanzaron con la acusación.

La Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia y la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios desistieron de continuar con el proceso.

Desde entonces pidieron los familiares en varias oportunidades que se declare admisible la acusación y se realice la audiencia de juicio contra las fiscales Castelli y Cejas y el juez Banco.

Este 31 de enero se cumplen 15 años de la desaparición de Luciano. En todo este tiempo, el Estado no dio respuestas sobre el caso y sólo sumó obstáculos para acceder a la verdad y la justicia.

Actualmente, la causa que desde 2017 tramita en el Juzgado Federal 1 de Morón por «desaparición forzada de persona» no tuvo mayores avances.

Para el Estado, la causa de tortura por la que fue condenado Torales a diez años de prisión (cuya condena se cumpliría en 2025) no está conectado con la causa del asesinato de Luciano, la cual no ha tenido avances desde hace mucho tiempo. Familiares y amigos continúan buscando que se establezca justicia para un caso paradigmático del modus operandi de la represión policial.