50 Años del Golpe de Estado en Chile.

El bombardeo de La Moneda del 11 de septiembre de 1973 no significó sólo la caída del Gobierno de Salvador Allende y la instauración de una dictadura que duró 17 años, sino que fue el fin de una serie de cambios que el mandatario venía realizando en un contexto de crisis, que tenían como objetivo implementar la «vía chilena al socialismo» y mejorar así la economía, la salud y la educación del pueblo.

El 3 de noviembre de 1970, tras su victoria electoral al frente de la coalición de izquierda Unidad Popular, que lo convirtió en el primer presidente socialista en ser elegido democráticamente, Allende inició su mandato con un programa de gobierno enfocado en un Estado popular.

Uno de los principales hitos que marcó su Gobierno fue la nacionalización del cobre, un proceso que comenzó el presidente Eduardo Frei Montalva (1964-1970) con su «revolución en libertad», que en el ámbito económico buscaba reformas estructurales, como una nueva política cuprífera.

Finalmente, con Allende en el poder se retomó esta nueva política y el 11 de julio de 1971 el Congreso Nacional aprobó, con muy pocas modificaciones y en votación unánime, la nacionalización del cobre, que permitió a Chile la propiedad y dirección de ese mineral, del cual se beneficia económicamente el país hasta la actualidad, incluido el período de la dictadura de Augusto Pinochet.

El 11 de septiembre de 1973 Allende se dirigió al Palacio de La Moneda mientras comenzaba el avance militar.

A las 11 de la mañana el presidente socialista se dirigió al país en su último mensaje a través de una cadena de radioemisoras, en el que señaló su decisión de no abandonar la Casa de Gobierno y «seguir defendiendo a Chile».

Previo a la caída del Gobierno, Allende dio el famoso discurso en Radio Magallanes: «… mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor».

Al mediodía inició el bombardeo a La Moneda, que duró 15 minutos, con aviones de la Fuerza Aérea de Chile, para pocos minutos después llevar a la caída de la Casa de Gobierno y la posterior muerte de Allende, quien fue encontrado sin vida en el salón principal, junto a un arma con la que se suicidó mientras ingresaban las tropas golpistas.

El golpe dio origen a la Junta Militar de Gobierno que tomó el poder, con Augusto Pinochet al mando, estableciendo una dictadura desde 1973 hasta 1990, en la cual existió persecución política, censura, matanzas y reiteradas violaciones a los derechos humanos que hasta el día de hoy Chile no olvida.

A días del 50º aniversario del golpe de Estado en Chile, el presidente Alberto Fernández le retiró al fallecido dictador Augusto Pinochet y a sus descendientes tres condecoraciones que le habían otorgado oportunamente los presidentes Isabel Martínez de Perón en 1975, Carlos Menem en 1993, y el dictador Jorge Rafael Videla en 1976. “No resulta razonable que quien asaltó el poder y ejecutó políticas que avasallaron la vida y degradaron la condición humana pueda invocar la dignidad que las condecoraciones otorgadas suponen”, argumenta el decreto que también firman el jefe de gabinete Agustín Rossi y el canciller Santiago Cafiero.

La “Orden de Mayo” la “Orden de Mayo al mérito militar”,el collar de la “Orden del Libertador San Martín” fueron las condecoraciones otorgadas al dictador Pinochet.

El decreto que firmó ayer Alberto Fernández dispone que “queda cancelado para el ya fallecido Augusto Pinochet Ugarte y sus derechohabientes el derecho a usar las insignias” que le obsequiaron Isabel, Videla & Menem. 

En los fundamentos recuerda que como presidente facto Pinochet “suspendió las garantías propias del Estado de Derecho e implementó una política de persecución y violación de los derechos humanos y, a causa de ello, fueron asesinados numerosos opositores y militantes políticos”. Destaca también que “ideó e impulsó, conjuntamente con otras dictaduras cívico-militares del continente, el Plan Cóndor, por el cual se desarrolló un sistema de cooperación clandestina a fin de perseguir a militantes políticos opositores fuera del territorio de sus países”.

Fuente: Télam