La gestión Macri lleva adelante políticas neoliberales en el desarrollo urbano

Académicos de la UBA y del extranjero junto a integrantes de movimientos sociales criticaron al jefe de gobierno porteño por su política de apertura de mercado, que beneficia los negocios inmobiliarios en detrimento de los sectores con menor poder adquisitivo.

Michael Janoschka, director de Contested Cities, un proyecto internacional en el que participan universidades de España, Reino Unido, Brasil, México, Chile y Argentina, que se propone discutir las consecuencias de una concepción neoliberal de la planificación urbana, explicó a Télam que el proceso de inversión de capital que va en detrimento de los sectores populares se denomina “gentrificación”.

Según Janoschka, el proceso “produce el desplazamiento de los sectores populares de ciertos barrios de la ciudad -como Palermo, San Telmo, Barracas y La Boca, en Buenos Aires- en beneficio de personas con mayor poder adquisitivo”.

En este sentido, Mercedes Di Virgilio (UBA), doctora en Ciencias Sociales de la UBA, destacó que los procesos de gentrificación comenzaron en los `70 con la apertura de mercados iniciada por el gobierno de facto, junto con medidas específicas, como la reforma del Código de Planeamiento Urbano en 1977, la construcción de autopistas y fundamentalmente la erradicación de villas de emergencia.

Di Virgilio subrayó que para llevar adelante la gentrificación “es necesaria la presencia de un Estado dispuesto a liberalizar la economía” y destacó que “en el sur es un actor activísimo”, ya que es en San Telmo, Barracas y La Boca en donde actualmente sucede un proceso de desplazamiento de los sectores populares de sus barrios por el encarecimiento del costo de vida.

“El Estado interviene no sólo facilitando un marco legal para la apertura de mercado, sino también con lo que llamamos `políticas de cierre´ que propician el orden socioespacial establecido, como por ejemplo el accionar de la UCEP; y también otras políticas que niegan los derechos de quienes tienen menores ingresos por acción u omisión”, afirmó Di Virgilio, investigadora del CONICET.

Hace cinco años parecía impensable que en la mítica esquina de Defensa y Humberto Primo, en donde se encuentra la Plaza Dorrego en San Telmo, funcione un Starbucks; o que el porteño se detenga a ver las cuadras de outlets de marcas internacionales en Barracas; o mirar en los clasificados excesivos precios en alquileres para turistas en La Boca, señalaron.

Por su parte, Lorena Vazquez, de Aukache, una agrupación popular del barrio de La Boca que lucha, entre otras cosas, por el acceso a la vivienda digna de los vecinos del barrio, manifestó que “hay instrumentos en la legalidad que están a favor de los sectores medios y populares, pero el problema es político y refiere al proyecto de ciudad que quiere el PRO”.

Vazquez mencionó la Ley 2240 de Emergencia Urbanística y Ambiental de La Boca, impulsada por vecinos del barrio, que rige desde diciembre de 2006, pero “Macri no sólo no armó la unidad ejecutora correspondiente sino que ni siquiera le pone un peso”.

“Por el contrario, se le pone plata a la ley del Distrito Las Artes en La Boca, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Económico, que de cultura o arte no tiene nada, pero sí tiene una gran arquitectura jurídica impositiva para que los grandes capitales entren al barrio y hagan de él un barrio de servicios y casas de lujo”, sostuvo la militante.

Vazquez remarcó la necesidad de “aunar esfuerzos entre organizaciones sociales, sectores académicos y ciudadanía en general para resistir estas políticas de exclusión, porque el agite por el agite mismo no sirve si no se pone la cabeza, y no de uno o dos, sino de toda la sociedad