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Decreto Ómnibus.
Publicado: 12 ene 2018
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El Gobierno oficializó hoy la derogación de 19 leyes y modificó otras 140 por medio de un decreto «omnibus» para «simplificar» las operaciones del Estado y así terminar con «los trámites excesivos».
El DNU, de 192 artículos, «plantea la necesidad de iniciar un proceso de eliminación y simplificación de normas en diversos regímenes para brindar una respuesta rápida y transparente a los requerimientos del ciudadano y de las empresas para el ejercicio del comercio, la industria y la actividad agroindustrial» dijeron desde el gobierno.
El DNU se explaya en 84 páginas con una extensa introducción y luego, separa en 22 capítulos las medidas que llevan la firma del Presidente, del jefe de Gabinete Marcos Peña y de casi todo el plantel de ministros.
Normativa publicada hoy en el Boletín Oficial:
ANSES: Se autoriza al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del ANSeS a realizar operaciones financieras como la creación de fideicomisos. Textualmente, el artículo 154 del decreto autoriza «a la ANSES a constituir y/o estructurar fideicomisos, financieros o no, alquiler o prestar títulos y acciones y, en general, a realizar toda otra operación propia de los mercados financieros y bursátiles permitidas por las autoridades regulatorias (…)
Importaciones: Se convierte en automáticas a 314 licencias de importación que hasta ahora requerían una aprobación del Gobierno. La medida abarcará a laminados de acero, aluminio semielaborado, polipropileno, poliestireno e hilados de algodón, entre otros productos.
Ley de Abastecimiento: Data desde 1952, que entre otras cosas preveía que las Fuerzas Armadas se hicieran cargo de la producción agropecuaria. Asimismo, los campos, los inmuebles y las cabezas de ganado que le pertenecen al Ejército serán administrados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Si bien el organismo comenzó a rematar algunos terrenos, la reforma da vía libre a la venta masiva.
RIN: El DNU elimina el Registro Industrial de la Nación (RIN) creado en 1972 que tiene solamente a 1.700 empresas de las más de 110 mil que hay en el país.
SENASA: Se derogaron más de 50 normas del Servicio de Seguridad Animal (SENASA) que ya no se aplican o no tienen utilidad, y que datan de entre 1888 y 1898
Licitaciones: Se estableció que las licitaciones de obra pública en adelante solamente serán publicadas en el Boletín Oficial nacional, eliminando esa obligación para esos organismos provinciales o municipales. Además se reducen de 10 a 5 días de anticipación para publicar licitaciones de hasta 100 millones de pesos.
Automotrices: La iniciativa estipula que las empresas automotrices no deberán pedir permiso para instalarse en el país, al tiempo que simplifica y hace más rápido el proceso para obtener marcas y patentes. Además se podrán resolver sin ir a la Justicia, en un lapso de 60 días, controversias legales-administrativas relacionadas con la administración del Estado que antes podían durar entre tres y cinco años.
Arte: Se habilita la exportación de hasta quince obras de arte como equipaje acompañado, sin mayor trámite que un Aviso de Exportación ante el Ministerio de Cultura, o una licencia especial en el caso de obras de autores muertos hace más de cincuenta años, sin necesidad de tener que pedir permiso previo a la Dirección General de Aduana.
Transporte: Se unificará la prestación de servicio de tráfico aéreo en la empresa estatal EANA, dejando de lado la competencia del Ministerio de Defensa sobre esta área, al tiempo que se incorporan nueve aeropuertos a su sistema de control. También se habilita el uso “en algunos corredores viales” de los llamados “bitrenes”, formaciones compuestas por un camión y dos remolques, que permiten transportar más carga y reducir costos logísticos en más de 20 por ciento. También implementará un registro para circular con cuatriciclos, los cuales deberán cumplir con una verificación técnica.
Patentes: Se simplifica el proceso para obtener marcas y patentes (las presentaciones serán digitales y las controversias se podrán resolver en 60 días sin tener que ir a la Justicia.
Contables: Se elimina la obligación de que las sociedades comerciales presenten de manera encuadernada sus libros contables, tal cual lo establece el Código Civil y Comercial, y serán reemplazados por libros digitales.
PYMES: El Fondo de Garantías de la Pequeña y Mediana Empresa será reemplazado por el Fondo de Garantía Argentina, cuyo objeto será otorgar garantías en respaldo de las que emitan las sociedades de garantía recíproca, y ofrecer garantías directas e indirectas, a fin de mejorar las condiciones de acceso al crédito de las personas que desarrollen actividades económicas y/o productivas en el país.
Navegación: La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) pasaría a ser una sociedad del Estado para desregular el mercado de la aeronavegación y dependerá de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), que es una empresa del Ministerio de Transporte (Argentina) encargada de brindar los servicios de navegación aérea en la República Argentina y sus aguas jurisdiccionales.
Aviación: Nueve aeropuertos se incorporan al sistema de control de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA): Tandil, El Palomar, Reconquista, Villa Reynolds, Moreno, Río Cuarto, Termas de Río Hondo, Río Gallegos y Sauce Viejo.
Con respecto a las personas jurídicas, se determina que el Registro Nacional de Sociedades por Acciones estará a cargo del Ministerio de Justicia y se sustituye un artículo de la ley 19550 para definir que queda «prohibida la actuación societaria del socio aparente o presta nombre y la del socio oculto».
El decreto 27/2018 el Gobierno fundamenta la modalidad de eludir al Congreso para imponer la batería de reformas. Sostiene, entre otros argumentos, «que este Gobierno inició un proceso en el que requirió a sus distintas áreas que identifiquen y sustenten jurídicamente, en base a su mérito o conveniencia, el sostenimiento de ciertas cargas que provenían de cuerpos legislativos y que por razones de necesidad y urgencia deben ser removidos por afectar seriamente, en especial, el funcionamiento de la actividad y de la productividad de nuestros mercados».
El Gobierno expresa que «una adecuada política regulatoria exige que se implementen prácticas de buena gobernanza entre organismos y departamentos de gobierno, tendientes a la simplificación de trámites y formalidades y a la eliminación de normas que entorpezcan y demoren el accionar del Estado y del sector privado que afecten su productividad o que puedan dar lugar a prácticas no transparentes» y explica que el país ha iniciado el proceso de ingreso a la OCDE y busca estar a tono con las exigencias del organismo internacional.
Macri quiere darle valor a la utilización del mecanismo de DNU para la reforma que, pasando por el Congreso hubiera demandado varios proyectos de ley, seguramente.
En la vasta normativa convive la flexibilización de los controles para las empresas que incumplen la legislación laboral con la regulación de los cuatriciclos.
A pesar de su dispersión, las medidas previstas a lo largo de 192 artículos están en línea con la reorientación de las políticas públicas emprendidas por el macrismo.
El DNU 27/2018 habilita embargos directos sobre las cuentas sueldo que estaban prohibidos, modifica normas fitosanitarias vigentes hace ochenta años para impulsar el comercio, acompaña el proyecto de cielos abiertos, facilita la venta de activos estatales y unifica el esquema de contrataciones del sector público.
Los cambios también legitiman el funcionamiento irregular registrado por la UIF, el organismo encargado de investigar maniobras de lavado de dinero, a lo largo de los últimos dos años. La normativa incluso modifica leyes recién aprobadas que fueron impulsadas por el Poder Ejecutivo como el denominado Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor.
Las implicancias de la modificación y derogación de cientos de leyes y decretos terminarán de conocerse cuando las innovaciones sean reglamentadas y opine el Congreso Nacional.
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