Todavía hay marcas de la inundación en las casas, electrodomésticos estropeados y maderas hinchadas que fueron muebles en las veredas, además del miedo que vuelve con cada alerta meteorológico por lluvias en la Capital. «Ayer (por el miércoles) la televisión anunciaba alerta meteorológico y nos asustamos más, porque desde la inundación pasada vivimos con miedo; los chicos lloran, estamos sin dormir», contó Verónica, de 39 años y madre de dos hijos.
«Siempre nos tienen de aquí para allá», agregó en relación al gobierno de la Ciudad. «Me dijeron que el 11 de abril me presente en el CGPC, prometieron que iban a llamarme y hasta ahora no lo hicieron, y hoy nos convocaron para hacer una nueva verificación y dijeron que en dos semanas nos van a avisar en dónde cobrar el subsidio.»
La vecina relató a la agencia de noticias Télam que funcionarios del gobierno porteño le pidieron que hicieran una lista genérica, no exhaustiva, de las pertenencias perdidas en el temporal, y les informaron que cobrarán un subsidio por un máximo de 20 mil pesos, aunque serán las autoridades las que determinen cuánto recibirá cada afectado.
Distinto es el caso de Norma, una empleada del gobierno de la Ciudad de 50 años, que vive con su hijo, su nuera y sus dos sobrinos, a quien «le niegan» el subsidio porque ya le habían otorgado un crédito en el Banco Ciudad. Como debió invertir en arreglos urgentes para su casa, no pudo pagar la cuota correspondiente. «Yo pensé que era un dinero aparte, pero me dijeron sin vueltas que no me iban a dar el subsidio», declaró Norma, quien además debe operarse de la columna, pero pospuso la intervención por las pérdidas del temporal.
Anoche, vecinos de Saavedra, Villa Urquiza, Belgrano y Núñez protestaron con un corte de tránsito en la esquina de Cabildo y Crisólogo Larralde por la «falta de respuestas » del gobierno porteño a los damnificados de las inundaciones. «

 

disputa por las víctimas

Al cumplirse un mes de la inundación en La Plata, la discusión por la cantidad de víctimas que dejó el temporal no está cerrada. Luego de que el ministro de Seguridad, Ricardo Casal, ratificara que fueron 52 los fallecidos ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, el juez de garantías Federico Atencio admitió ayer que «se están investigando otros 60 casos que hay que corroborar». En el medio, el juez contencioso administrativo Luis Arias, apelando a un tecnicismo, retomó la investigación de dos causas que le habían sido quitadas por la Cámara de Apelaciones, luego de que elevara su lista a 57 víctimas fatales.
«Se están investigando otros 60 casos que hay que corroborar si están vinculados o no con la inundación. Humanamente se está haciendo lo imposible desde el Poder Judicial por establecer el número exacto», admitió ayer en declaraciones radiales Atencio, titular del Juzgado de Garantías Nº1 de La Plata.
El magistrado aseguró que no alcanza a comprender la polémica sobre el número final de víctimas, porque, según explicó, para el derecho penal es indiferente. Como también lo sería, estimó, para las posibles consecuencias políticas: «¿Tiene alguna trascendencia electoral el hecho de que, en lugar de 53, haya 57 muertos?», se preguntó.
La disputa por la cantidad de víctimas se disparó el 4 de abril, apenas Casal clausuró el conteo oficial en 51 víctimas, que cuatro días después elevó a 58 tras el hallazgo del cadáver de Nilda Godoy, una mujer a quien la correntada arrancó de las manos de su marido en la calle 70, entre 136 y 137 de Los Hornos.
En aquellos primeros momentos los rumores hablaban de cientos de fallecidos, entre ellos menores. Y ante la posibilidad de que esos casos pudieran estar siendo omitidos, el defensor oficial del fuero de Menores, Julián Axat, radicó dos denuncias en el fuero contencioso administrativo, que el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1, Luis Arias, comenzó a investigar. Esos expedientes dispararon una discusión por la competencia de ese fuero para investigar, y Arias fue inhibido por Atencio. La Corte Suprema intercedió a favor de Arias, pero tras una apelación, la Cámara de Apelaciones las derivó a los juzgados contenciosos 1 y 2. En el medio, Arias denunció que la intervención policial en el registro de las víctimas favoreció que se fraguaran certificados de defunción anotando fallecimientos por causas naturales de personas que murieron ahogadas.
Pero ayer, apelando a un tecnicismo del Código Procesal Civil y Comercial, Arias retomó la investigación. Según explicó a través de un comunicado, los expedientes iniciados por Axat deben acumularse con una tercera causa radicada en su juzgado: un habeas data presentado por la ciudadana Sandra Edith Rodríguez, al que luego se sumó la defensora del pueblo de la Comuna, Monserrat La Palma.  Según explicó, el artículo 189 del Código plantea el «principio de prevención» por el que dispone la unificación de causas de un mismo tema «sobre el expediente en el que primero se hubiese notificado la demanda». Ese expediente es el que inició Rodríguez. Por eso, insistió:  «Existen más víctimas que las declaradas oficialmente.»