La derogación de la Ley de Tierras, incluida por ahora en el mega DNU del presidente Milei, abre la puerta a la compra de tierras de manera irrestricta, permitiendo avances en la posesión de hectáreas de altísimo valor estratégico en la zona núcleo o regiones similares de nuestro país.

La ley no solo involucra a nombres emblemáticos, como Ted Turner y Joe Lewis, que utilizan empresas offshore o nombres ficticios para registrar tierras. Según el registro nacional de tierras, la posesión por parte de extranjeros es considerablemente alta, abarcando 5,57 por ciento del territorio rural argentino, con 12,5 millones de hectáreas, el equivalente a 626 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires.

La derogación de la ley habilita la compra de tierras sin ningún tipo de regulación y sólo promueve una mayor concentración poblacional en las zonas de escaso interés para inversores externos.

Dentro del decreto de necesidad y urgencia, en el artículo 154, se deroga el régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales (conocida como Ley de Tierras).

Uno de los más beneficiados con la derogación de la norma sería Eduardo Elsztain.

Esta ley, entre sus artículos, establecía en un 15 por ciento el límite a toda titularidad, de poseer tierras rurales.

También limitaba la adquisición de tierras por parte de extranjeros en un porcentaje determinado; y este no podía superar las mil hectáreas en la zona núcleo o superficie equivalente, según la ubicación territorial.

Esta derogación es una de las más preocupantes en materia agropecuaria, ya que permite la adquisición de tierras (y de sus recursos naturales y estratégicos) por parte de capitales extranjeros. Asimismo, podría profundizar el éxodo rural de nuestra población.

Este lunes, el juez de feria del Juzgado Federal Nº 4 de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó inscribir un proceso colectivo y dictó una medida cautelar que suspende el artículo 154 del DNU 70/2023 en cuanto derogó la Ley 26737 de Tierras. 

El amparo fue promovido por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) que cuestionaron el decreto ante los tribunales federales de la capital bonaerense.

El Grupo Benetton es la firma con más hectáreas en Argentina. En 1991 compró más de 900.000 hectáreas a través de la Compañía de Tierras del Sur Argentino. Cuentan con tierras en Chubut (33 por ciento), Río Negro (5 por ciento), Santa Cruz (60 por ciento) y Buenos Aires (2 por ciento).

Joe Lewis, magnate británico uno de los hombres más ricos de Reino Unido. En 1999 adquirió la Estancia de Lago Escondido, un predio de 18 mil hectáreas en Río Negro. Además, es propietario de otra Estancias, como San Antonio en Buenos Aires.

Con la derogación de la Ley de Tierras, uno de los más beneficiados por la oportunidad de negocio que esto representa es Eduardo Elsztain, empresario argentino, aportante de la campaña de Javier Milei y dueño del Hotel Libertador, donde el mandatario vivió durante meses.

Elsztain preside empresas inmobiliarias y agropecuarias como IRSA, Cresud y Brasil Agro.

Actualmente, los principales dueños son empresas estadounidenses (2,7 millones de hectáreas) y españolas (1,8 millones). Además de los conocidos inversionistas, Turner y Lewis utilizan empresas offshore o nombres ficticios para registrar tierras. Hay también registros de multinacionales chinas y árabes que comenzaron a tener importante presencia en territorio argentino. Por ejemplo, la firma china Heliongjiang explotará 330.000 hectáreas en los Valles Medio e Interior de Río Negro para producción de alimentos.

Las provincias con mayor extranjerización son Salta, con un 11,5 por ciento; Misiones, con 11 por ciento, San Juan, con el 10,4 por ciento, y Corrientes, con 9,2 por ciento. “Con excepción de la zona núcleo, esta problemática se extiende a todo el territorio”, concluye el informe de la fundación OCIPEX.

No sólo son tierras para la explotación de agropecuaria. Las corporaciones mineras y otros empresarios rurales necesitaban sacarse de encima la ley de tierras, norma que estableció fuertes controles cruzados entre accionistas, controlantes, sociedades vinculadas, directores, para determinar la nacionalidad de un determinado emprendimiento; incluso, existían fuertes auditorías antilavado.

El primer cambio lo hizo Macri en junio de 2016, también por decreto, al borrar todos los controles asociados a los paraísos fiscales. A su vez, manipulación los porcentajes de extranjerización para habilitar la compra venta de tierras.

Fuente: El Destape