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Graves Problemas en la Educación Pública Porteña.
Publicado: 01 nov 2022
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En la Ciudad de Buenos Aires se han naturalizado varios y graves problemas que atañen a la educación pública:
- Los ataques y la persecución a la comunidad educativa
- La falta de vacantes para todos los aspirantes ante la carencia de nuevas escuelas.
- El pésimo estado de los edificios escolares ante la escasa y subejecutada inversión en los mismos.
- El tremendo deterioro de la calidad de las viandas entregadas a los estudiantes.
- Desmanejo financiero de los recursos humanos y vaciamiento de los fondos destinados a diferentes actividades relacionadas con niñas, niños y adolescentes porteños. Vaciamiento de programas educativos para destinar los fondos a los funcionarios militantes del PRO
- Las inconsultas pasantías laborales que se «distribuyeron» entre el estudiantado como excusa de salida laboral.
- La notoria carencia de docentes en los niveles primario y secundario.
Acerca de este último punto se demuestra, cotejando con lo dicho por miles de estudiantes, que se pierden varios días de clases al año y en muchas escuelas hay materias que no se cursan durante meses. La falta de cobertura de cargos es el principal motivo de pérdida de clases mas que por paros y/o tomas de establecimientos.
La legisladora del Frente de Todos Maru Bielli decidió crear un «contador de horas sin clases» y en apenas dos semanas contabilizó 20.235 en el nivel secundario con un promedio de casi 200 cargos docentes sin cubrir en la educación primaria.
Las cifras son oficiales y se obtienen de la WEB de Actos Públicos de la Ciudad.
El mayor déficit de profesores se da en Idiomas, Física, Química y Matemática.
Los colegios con bachilleratos bilingües padecen esta situación de meses porque los profesores buscan posibilidades laborales en otros ámbitos fuera de la docencia.
El caso de Primaria es igual de grave. En 2013, el exministro de Educación Esteban Bullrich reconoció la carencia y firmó la Resolución Nº 1443- MEGC/13 que aún sigue vigente, y que habilita a un estudiante de formación docente que tiene aprobado el 70% del plan de estudio, a dictar clases en interinatos y suplencias.
Hay un fenómeno que preocupa: docentes que eligieron la carrera, comienzan a trabajar y a los pocos años abandonan la docencia y se dedican a otra cosa. Y se da también en docentes con muchos años de trayectoria que deciden cambiar de profesión. Hoy en día en las escuelas de CABA se vive un malestar muy profundo.
A partir de 2018 cambió en la Ciudad el plan de estudio de la Nueva Escuela Secundaria (NES).
Se denominó Secundaria del Futuro. Los trabajadores y trabajadoras de la educación aseguran que esto incrementó las horas laborales precarizadas y hubo que reacomodar horarios para la nueva grilla, situación que manifiesta una gran improvisación.
Otro factor que dificulta la cobertura: los errores del sistema digital de actos públicos. En una escuela ya se publicó 11 veces en la plataforma el cargo de la subjefatura de preceptores y no se puede cubrir. Hay errores en los horarios, se duplican los cargos.
La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-CTERA) reclama desde hace dos años el retorno a los actos públicos presenciales. Desde la pandemia son todos virtuales. “La designación, el acceso y la permanencia a los puestos de trabajo eran transparentes cuando los controlaban los propios trabajadores”, advierte Angélica Graciano, secretaria general de UTE.
“Hay consideraciones particulares que se hacen en el mismo momento del acto público. Por ejemplo, cargos que necesitan que la supervisora explique cómo es el proyecto de la escuela, o qué se espera de la formación de esa docente. Eso vía online no se puede hacer”, agrega.
Graciano afirma que además de los problemas técnicos hay situaciones burocráticas que deberían modificarse, porque ocasionan que muchos docentes no puedan anotarse: “Si vos estás en un cargo de simple titular y querés pasar a doble son indivisibles, no te dejan. El cargo doble no es de más de 60 días, porque no te lo permiten, y si lo tomás y luego cesás, no podés tomar otro por treinta días. Esto ocasiona que en primaria queden muchos cargos libres, y un docente con un cargo simple no llega a fin de mes».
En varias ocasiones se detectaron “errores” al otorgarle cargos a docentes con menor puntaje, o en un mismo acto público se conceden al mismo docente distintos cargos con horarios incompatibles. En este caso, opta por uno y las horas que no toma vuelven a acto público recién en 15 días. Mientras tanto, los estudiantes siguen sin tener esas clases.
En los últimos dos meses se realizaron tres medidas de fuerza de los gremios docentes contra el vaciamiento de la obra social ObsBA; la baja del presupuesto educativo porteño; exigen la titularización en el nivel secundario y que la jornada laboral sea de lunes a viernes, en rechazo a la decisión del Ministerio de que hagan capacitaciones los sábados. Lo último fue la denuncia del gobierno porteño a 366 familias por las tomas a las que les exigen que paguen más de 50 millones de pesos.
El gobierno porteño informó que acababa de realizar 25 denuncias penales a 366 padres y madres de chicos que tomaron escuelas.
Desde diferentes sectores vinculados a los Derechos Humanos aseguran que estas denuncias no tienen asidero legal. «Ninguna tiene fundamento jurídico ni técnico alguno, como tampoco lo tienen los reclamos patrimoniales por cartas documento que alternaron con las denuncias contravencionales”, remarcó la titular de Correpi, María del Carmen Verdú.
En otro orden de cosas también repercute la denuncia realizada por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, que sobre los Centros de Actividades Infantiles (CAI) y Juveniles (CAJ), no existe control alguno interno sobre el manejo financiero de los recursos humanos y advierten un vaciamiento de los fondos destinados a diferentes actividades relacionadas con niñas, niños y adolescentes porteños.
Los CAI y CAJ se encuentran bajo la órbita de la Dirección General de Escuela Abierta, «un espacio lúdico, expresivo y recreativo destinado a complementar y fortalecer la formación de niños, niñas y adolescentes que concurren a los CAI y CAJ en sus propias escuelas en jornada extendida», destaca la información oficial.
Según el informe realizado por la auditoría porteña, los gastos involucran a 269 personas que fueron contratadas para prestar servicios en los CAI, que no pudieron ser identificadas en la actividad que corresponde. «Lo mismo ocurrió con 104 personas que se desempeñan en los CAJ, de los que el Ministerio no pudo informar qué servicio prestan, siendo que muchos de ellos no cuentan con formación docente alguna», destacó el auditor porteño Lisandro Teszkiewicz.
Ambos espacios son la continuación de programas gestados durante las administraciones educativas de Daniel Filmus, Roxana Perazza, Alberto Sileoni y Ana María Clement, que buscan favorecer el acceso igualitario a la educación y la cultura, al tiempo que debe propiciar actividades culturales, deportivas, recreativas y de expresión que favorezcan la inclusión social y educativa. Una de las actividades más destacadas es el de vacaciones en la escuela, en temporada de verano e invierno.
En estos centros, las y los docentes comunitarios se ocupan de niñas y niños que cursan el último año del nivel primario y brindan herramientas y acompañamiento necesarios para facilitar el tránsito para terminar la cursada y poder llegar al nivel secundario. La mayoría de estas niñas y niños se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad social. Por esta razón, el programa focaliza en la promoción, implementación y evaluación de políticas educativas, para que contribuyan al desarrollo particular y social de la comunidad, así como la optimización de las condiciones pedagógicas de enseñanza y aprendizaje en procura de mejorar la calidad educativa.
Lo grave es que los fondos destinados a Escuela Abierta fueron a parar a manos equivocadas.
«Al revisar el cuadro presupuestario del Programa nos encontramos con que al tiempo que todo el programa recibía un incremento promedio superior al 34% -que llega al 94% de incremento en los gastos de conducción-, la partida destinada a los CAI y CAJ recibió solo un 16% y la de Música para la Equidad directamente se redujo en un 5%», advirtió Teszkiewicz. «Esto demuestra que Soledad Acuña destina los recursos a pagar a sus funcionarios, mientras deja sin fondos los programas que atienden a los estudiantes».
Por último, el auditor porteño aseguró que a partir de estos informes que queda en evidencia, además de la falta de control interno en las distintas áreas de la gestión, el desinterés del ejecutivo de la Ciudad. «El vaciamiento de programas educativos para destinar los fondos a los funcionarios militantes del PRO es una constante de Rodríguez Larreta y Soledad Acuña», terminó Teszkiewicz.
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