La Ciudad deberá reubicar pacientes por falta de atención médica

La Justicia ordenó al gobierno porteño a reubicar a siete pacientes, que derivó a un Instituto de Salud Mental privado de la localidad bonaerense de Luján, al hacer lugar a una denuncia por hacinamiento y falta de atención médica.

El juez Guillermo Sheibler “hizo lugar a una medida cautelar que exige a la ministra de Salud y a la directora general de Salud Mental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que acrediten la externación y reubicación de esos pacientes”, dijo  la asesora tutelar María López Oliva.

La funcionaria presentó ante Sheibler una medida de amparo luego de haber comprobado que las siete personas que estaban alojadas en dependencias del gobierno porteño fueron derivadas a Luján “donde no reciben atención médica” y “están hacinadas”.

López Oliva explicó que “el Instituto Nuestra Señora de Luján es una sociedad privada que atiende personas afectadas en su salud mental en sus distintos dispositivos: New Life, Clínica, Centro Educativo Terapéutico y Centro de Día-Hogar Escuela”. “A través de un convenio niños, niñas y jóvenes son derivados a ese lugar con una beca de alojamiento financiada por la Ciudad”, detalló.

López Oliva confirmó que “sobre ese establecimiento pesaban denuncias de distintos ámbitos desde hace mucho tiempo, nosotros habíamos presentado una acción de amparo colectivo el 18 de febrero de 2013 para que el gobierno porteño cumpla su obligación de garantizar el derecho a la protección y cuidado integral de la salud mental”.

La asesora tutelar destacó que en el Instituto “pudimos comprobar el total hacinamiento de los pacientes que la ciudad envió para su recuperación y que las condiciones edilicias y de infraestructura están colapsadas”.

Indicó además “no hay suficiente cantidad de profesionales para atender a los internos, los pacientes no reciben los tratamientos que les corresponden y durante varios períodos todos quedan al cuidado de un sólo enfermero”.

Scheibler “fijó un plazo de 10 días para hacer efectiva la medida, bajo apercibimiento de aplicar una sanción conminatoria de trescientos pesos por cada día de demora para ambas funcionarias”, añadió López Oliva.