La Corte Suprema y los Jubilados.

La Corte ordenó y ratificó la aplicación de la doctrina “Eliff Alberto Jose del 11/08/2009”, que estableció que las remuneraciones consideradas para el cálculo de las jubilaciones debían actualizarse por el ISBIC (índice de salarios básicos de la industria y la construcción) sin el límite temporal de la ley de convertibilidad 23.928 que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) había fijado en su resolución 140/95.

Este límite temporal que fija la ley de convertibilidad importo un exceso reglamentario y resolvió que el reajuste de las remuneraciones computables a efectos de determinar las prestaciones complementarias adicionales (PCA) y por permanencia (PCP) debían practicarse hasta la fecha de adquisición del beneficio del actor, sin dicha restricción en el tiempo.

Las 3 Salas de la Cámara de la Seguridad Social y la totalidad de los juzgados y de las Cámaras Federales del interior del País, han receptado la doctrina “Eliff” y mediante innumerables fallos, que los beneficios jubilatorios deben actualizarse mediante ISBIC sin el límite temporal del año 1991.

Existe unanimidad de criterio judicial en relación con la aplicación del ISBIC hasta el 28/02/2009 en los haberes jubilatorios y desde hoy, máximo tribunal se suma a esta unanimidad y lo fija como pauta de actualización de manera inmediata a las causas judiciales en trámite.

En este contexto, se sanciono en el año 2016 la ley 27.260 que crea el Programa de Reparación Histórica para jubilados y pensionados para frenar el índice ISBIC declarando la emergencia en materia de litigiosidad previsional por el plazo de 3 años y con el objeto de realizar “ofertas”, evitando largos juicios, con un índice muy inferior al que fijo en pleno la justicia de la Seguridad Social. Solo se aplica la ley 27.260 (Programa de Reparación histórica), que fija RIPTE, mediante el acuerdo de voluntades entre Anses y el beneficiario.

La aparición de la ley 27.260 y la resolución 56/18 no descartan el ISBIC como método de actualización. Solo que dejan de aplicarse en caso de aceptación voluntaria de la “oferta” de recompensación del haber para los beneficiarios que asi lo elijan.

El programa de Reparación histórica fue planteado para ser un programa voluntario y de compensación rápida a los jubilados. El detalle, es que, su haber jubilatorio se vio extensamente disminuido por un índice menor.

La diferencia obedece en parte a que entre 1995 y febrero de 2009 el incremento del ISBIC es de 435%, mientras que el RIPTE es de 178%. Por esto, los jubilados se les ofreció una “oferta” conforme los parámetros del programa de reparación histórica pero no se le respeto un precedente de Corte del año 2009.

La falta de adhesión al programa de reparación histórica (Caso Lucio Blanco) y ante la persecución de los juicios por reajuste de haberes, la decisión de la nueva Corte es hacer valer la armonía pacifica de la doctrina de la anterior Corte aplicando el índice establecido en la resolución 140/95 sin límite temporal en el tiempo.

La Corte Suprema le puso fin a esta contienda ordenando y ratificando la aplicación de la doctrina “Eliff” y considerando que las jubilaciones se ajustan por el índice ISBIC y no el pretendido por la ANSES en sus apelaciones.

La decisión de la Corte cabe continuar la aplicación de la doctrina “ELIFF”, por ser el índice de actualización ratificado por la anterior Corte Suprema que se ajusta a su invertebrada doctrina, sobre la garantía constitucional de movilidad consagrada en el art. 14bis de la Constitucional Nacioal. Por lo que no parece razonable ni justo sustituirlo por el índice RIPTE que es meramente una secuela de renuncia de derechos litigiosos de una transacción voluntaria que reglamento la engañosa reparación histórica.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó que las remuneraciones utilizadas para el cálculo de las jubilaciones deben actualizarse por el ISBIC (Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción).

La Corte declaró la inconstitucionalidad de las resoluciones de ANSES N° 56/2018 y de la Secretaría de Seguridad Social N° 1/2018 que cambiaban el índice ISBIC por la variación del RIPTE.

En este sentido se declaró la inconstitucionalidad de las resoluciones de ANSES N° 56/2018 y de la Secretaría de Seguridad Social N° 1/2018 (ratifica la primera) que cambiaban el índice ISBIC por la variación del RIPTE que es usado, ilegalmente, por la ANSES desde 2016

Cabe decir al respecto, que ni la ANSES con fundamento en la Ley 24241 ni la Secretaria de Seguridad Social amparado en la misma norma tienen facultades para elegir el índice de actualización.

La elección del índice es una cuestión de alto impacto socio económico y por tal, dicha cuestión debe ser dirimida con el Congreso de la Nación.

Es por ello que la Corte ordenó comunicar al Congreso de la Nación el contenido de la sentencia para que se fije el indicador que actualiza los salarios computables para el cálculo del haber inicial en el período 1995-2008, hasta que esa actualización se haga por aplicación del ISBIC.

A los efectos de editar la resolución 56/2018 la ANSES se prorrogó en las facultades para determinar y reglamentar la forma en que se actualizan las remuneraciones que fueron transferidas a la Secretaria de Seguridad Social que dependen del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación.

La validez de una norma queda establecida cuando ha sido dictada por un órgano competente, mediante el procedimiento correspondiente y mediante el contenido prescripto por normas superiores.

Se concluye que la resolución 56/2018 de la ANSES afecta al principio de legalidad y de irretroactividad de la ley, por ende, corresponde declarar su inconstitucionalidad

Las facultades invocadas por la ANSES mediante la Resolución 56/2018 no autorizaban el dictado de la norma ni mucho menos, extender las facultades de un Programa que ofreció una “oferta” a los jubilados en el cual, los legisladores no delegaron en la propia ley 27.260. El Anses realizó una interpretación amplia y arbitraria de los efectos de la ley 27.260.

En ningún lado de la norma citada establece y ordena al Anses extender sus efectos y que, mucho menos, fije mediante una resolución un mecanismo coercitivo de una herramienta legislativa que no le compete al PEN.

La Corte examinó la validez de la resolución de ANSES, reglamentada por la Secretaria de la Seguridad Social 01/2018, y considero que la resolución dictada por ANSES afecta gravemente el principio de legalidad y de irretroactividad de las leyes y por ende declararon por mayoría, su inconstitucionalidad por arrogarse, el ANSES y la S.S.S., el ejercicio de una facultad de exclusivo resorte del Poder Legislativo Nacional.

El máximo tribunal considero y adhiero que la mera intervención del Poder Ejecutivo Nacional, mediante la ANSES y de la Secretaría de la Seguridad Social, en el dictado y ratificación de las resolución 56/2018 sin tener la potestad constitucional para hacerlo, contradecía el art. 14 bis de la Ley constitución nacional que conjuga el ideal representativo con la realización de los derechos sociales, y transgredía la regla básica republicana según la cual cada poder del Estado Federal debe actuar dentro de su ámbito de competencia, siendo respetuoso del ejercicio que los otros pudieran hacer de los poderes que la Constitución les atribuye.

Consideraron que es el Congreso de la Nación en su carácter de órgano representativo de la voluntad popular, el que deberá establecer, conforme a las facultades conferidas por la Constitución Nacional, el índice para la actualización de los salarios computables para el cálculo del haber inicial en el período en juego. Por ello, decidieron que correspondía llevar a su conocimiento la presente decisión a fin de que en un “plazo razonable” hiciese uso de las atribuciones constitucionales que le competen para hacer efectivo el mandato del art. 14 bis citado.

A consecuencia de la inconstitucionalidad de la resolución de ANSES, ordena comunicar al Congreso, la sentencia en un plazo razonable y que el mismo fije el indicador para actualizar el cálculo del haber inicial jubilatoria.

Hasta tanto el congreso sancione dicha ley se aplicará este criterio judicial a las causas pendientes de resolución.

La jurisprudencia respecto al índice de actualización del haber jubilatorio es pacífica y en numerosos fallos se ha reconocido el modo de determinación del haber que no puede ser alterado ni por el poder administrador ni por la legislación, y modificar los índices legales afectaría al mismo lesionando garantías constitucionales.

Cabe destacar que hasta tanto y en cuanto el Congreso se expida al respecto de la aplicación del índice de actualización, las cuestiones suscitadas en torno al haber inicial deberán ser resueltas acorde a la doctrina “Eliff” que establece el ISBIC como índice de ajuste.