La Justicia porteña ordenó al Gobierno de la Ciudad que suspenda la construcción del bajo a nivel en Saavedra

La Justicia porteña ordenó al gobierno de la Ciudad que suspenda la construcción en la intersección de la avenida Ricardo Balbín y las vías del Ferrocarril Mitre, ante el reclamo de los vecinos que manifestaron el rechazo a la obra al considerar que iba a perjudicar la zona que suele inundarse cuando llueve.

La resolución, firmada por el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario Roberto Gallardo, fue en respuesta a una acción de amparo iniciada por vecinos de Saavedra, con el patrocinio de abogados de Nuevo Encuentro.

Los vecinos acompañaron su reclamo con un informe técnico de una ingeniera hidráulica de laUniversidad de Buenos Aires, en el cual se concluye que la obra del túnel agravaría el “ya colapsado sistema pluvial de Saavedra”.

Justamente, en ese barrio se registró la inundación el 2 de abril del año pasado, por la cual fallecieron seis personas.

“Resulta inexplicable que en un barrio en donde murió gente a causa de las inundaciones, el Gobierno de la Ciudad no haga las obras necesarias y, al mismo tiempo, promueva estas obras estéticas, como el Metrobus y el túnel ferroviario, que para los vecinos no resultan prioritarias”, expresó Mariano Przybylski, militante de Nuevo Encuentro y abogado patrocinante de los vecinos.

“Con estas obras, no sólo el Gobierno no cumple con su obligación de asegurar la vivienda digna y el ambiente sano a los vecinos de Saavedra sino que agrava la situación existente”, agregó el abogado.

“En la audiencia pública en donde expusieron el proyecto del viaducto, todos los vecinos presentes se manifestaron en contra y exigieron obras pluviales. Sin embargo, el Gobierno de Macri no lo tuvo en cuenta y siguió adelante con un proyecto resuelto desde un escritorio de la Jefatura de Gobierno y a espaldas de la comunidad”, concluyó.

En su resolución, el juez Gallardo tomó las afirmaciones de los vecinos y el informe técnico aportado, y afirmó que “se encontraría acreditada en el caso la inminente afectación a los derechos constitucionales invocados por los amparistas, a un hábitat adecuado, a la salud integral, a un ambiente sano y a participar en la elección de las prioridades presupuestarias del barrio”.

Por tal razón, ordenó requerirle al Gobierno de la Ciudad copia del expediente administrativo en el cual se autorizó la obra cuestionada y su correspondiente informe de impacto ambiental.

Y resolvió que hasta poder evaluar la documentación pertinente, se suspendan “todos los trabajos iniciados o a iniciarse en el lugar, así como la instalación de obradores, maquinarias, y la realización de cualquier actividad o tarea preparatoria de las obras”.