Separación Económica de Iglesia-Estado. Deja de Pagar la Asignación Mensual a los Obispos

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) comunicó que el proceso de renuncia de los arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares a los fondos previstos en la ley 21.950 iniciado en 2018, llegó a su fin.

Se trataba de un aporte mensual de $ 98.000 -a valor actual- por cada autoridad eclesiástica y que se sostenía desde el año 1979 en base al artículo 2 de la Constitución nacional que establece que “el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”.

A partir del 1 de enero de 2024, la Iglesia católica no percibe más los aportes del Estado nacional, si bien todavía se perciben contribuciones para seminaristas diocesanos y párrocos de frontera. Tampoco forman parte de este régimen los subsidios que reciben los colegios religiosos de enseñanza privada de las distintas jurisdicciones del país, que tienen una legislación diferente.

Las renuncias se realizaron el último día hábil de diciembre pasado “conforme a lo establecido en Asamblea Plenaria y a lo informado a la Secretaría de Culto de la Nación”, indicó la CEA en un comunicado que publicó en su cuenta oficial de X.

La ley 21.950 fue aprobada en el año 1979, durante la última dictadura cívico militar.

Su texto dispone que los “arzobispos y obispos con jurisdicción sobre arquidiócesis, diócesis, prelaturas, eparquías (circunscripción territorial bajo la autoridad de un obispo) y exarcados (territorios) del Culto Católico Apostólico Romano gozarán de una asignación mensual equivalente al 80 % de la remuneración fijada para el cargo de Juez Nacional de Primera Instancia, hasta que cesen en dichos cargos”.

La Secretaría de Culto del Ministerio de Relaciones Exteriores -en una resolución del 26 de abril de 2023- había habilitado que los arzobispos y obispos que hayan cesado en sus cargos por razones de edad o de invalidez pudieran solicitar, de manera particular, con la anuencia de la Nunciatura Apostólica y con una serie de requisitos, el beneficio de la asignación prevista en esta ley.

En 2018, la CEA había anunciado su decisión de renunciar progresivamente a los fondos estatales, definida en asamblea plenaria de obispos.

De esta manera, en julio de 2020 los obispos avanzaron en su idea de generar nuevos mecanismos para financiarse y presentaron el Programa de Financiamiento Eclesial (FE), destinado al desarrollo de la consecución de donantes y fondos para solventar las tareas pastorales en el país.

La fecha para fijar el cese definitivo de las asignaciones fue, finalmente, fijada con el gobierno de Alberto Fernández, acordada con la Secretaría de Culto de la Nación, que conducía Guillermo Oliveri.

El próximo paso será la prescindencia de una contribución que perciben los seminaristas diocesanos y el reemplazo de la asignación que se envía a los párrocos de frontera, en concepto de ayuda a la obra solidaria.

“Si bien el aporte que realizaba el Estado -que se destinaba principalmente a pagar las asignaciones mensuales a obispos, párrocos de frontera y seminaristas diocesanos- cubría solamente el diez (10) por ciento del presupuesto total de la Iglesia, era de gran ayuda para las diócesis más pobres”, destacaron desde la CEA.