Sin Reglamentación en Ley de Electrodependientes.

Publicado: 04 ago 2017
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El Gobierno Nacional lleva  tres meses dilatando la reglamentación de la ley de gratuidad de la tarifa eléctrica para usuarios electrodependientes por cuestiones de salud.

El 26 de abril el Congreso de la Nación convirtió en Ley la Prestacion del servicio sin cargo, provisión permanente y la tensión adecuada para personas que lo requieran por motivos de salud.

Los Electrodependientes están teniendo innumerables inconvenientes por esta «decisión» del Gobierno y muchos están recibiendo facturas de hasta 7.000 pesos con aviso de corte del suministro por deudas impagas.

Además la ley garantiza la provisión de grupos electrógenos sin cargo para cubrir los eventuales cortes de luz, establece que es el Ministerio de Salud, y no las prestadoras, decide qué hogar encuadra en el beneficio, contempla la realización de campañas de concientización y la apertura de una línea telefónica gratuita para casos de emergencia.

Nada de esto se está cumpliendo pese a que la ley quedó promulgada al pasar diez días hábiles sin ser vetada por el presidente Macri y debiera estar en ejecución desde el 18 de mayo.

La reticencia a reglamentar la ley viene por el lado del Ministerio que conduce Juan José Aranguren quien  ratificó un consumo máximo gratuito de 600 kilovatios por hora, por encima del cual estos usuarios comenzarán a pagar por un supuesto uso excedente eléctrico, un valor que asciende a entre 300 y 600 pesos por megavatio/hora.

Los topes máximos y las tarifas por consumo excesivos contradicen lo dispuesto en el artículo 3  en la ley que sancionó el Congreso para electrodependientes que establece la gratuidad de la totalidad de la facturación del servicio público de provisión de energía eléctrica

Se inició una campaña de identificación de equipos y de domicilios para alertar a las cuadrillas que intenten realizar un corte en el suministro por acumulación de deuda  ya que se trata de una familia electrodependiente.

Aún queda pendiente la creación de un registro y la distribución de los generadores, algo tan importante como la tarifa cero, pero que depende de que el Poder Ejecutivo tenga la voluntad política de reglamentar la ley.