Tenencia de Drogas en la CABA, ¿Donde Aumentaron las Detenciones?

Publicado: 08 may 2021
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Las detenciones por tenencia de drogas para consumo personal aumentaron en más de un 400por ciento en la Ciudad de Buenos Aires en los últimos dos años y cerca del 40 por ciento de ellas se efectuaron en los barrios de Retiro y Carlos Gardel (Comuna 1), lo que evidencia un «claro sesgo de clase» de la policía porteña en la decisión de realizar estos arrestos que, en más del 90 por ciento de los casos, son desestimados al llegar a la Justicia, según datos difundidos por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Pese a que en 2009 la Corte Suprema de Justicia declaró que la tenencia de estupefacientes para consumo personal es una conducta privada que está protegida por la Carta Magna y que, por lo tanto, la criminalización de quienes consumen es inconstitucional, miles de personas son detenidas por las distintas fuerzas de seguridad de todo el país.

Desde 2019, la Ciudad de Buenos Aires adhirió a la ley de desfederalización, por lo que la persecución de los delitos de drogas de menor gravedad está en manos del Poder Judicial porteño y son los Ministerios Público, de Justicia y de Seguridad locales los encargados de definir las políticas de seguridad.

En 2018 ingresaron a la justicia de la Ciudad 4.777 causas por consumo, mientras que en 2019 se registraron 19.275 expedientes por el mismo motivo, lo que equivale a un aumento de más del 400 por ciento e implica que la política de seguridad porteña «consiste en detener a consumidores», apuntó el organismo en su informe.

Desde enero de 2019 hasta agosto de 2020, se iniciaron 38.696 causas por delitos de drogas, de las cuales el 75 por ciento (29.206) fueron por tenencia para consumo personal, y sólo el 17 por ciento (6.706) por comercialización.

Asimismo, el Ministerio Público de la Ciudad precisó que el 82 por ciento de «los delitos menores por drogas que llegan a la justicia» porteña son ingresados directamente por intervención policial, lo que para el CELS sugiere que «el aumento exponencial de las causas está relacionado de manera directa con las prácticas de la Policía de la Ciudad».

Las acciones de esta fuerza están orientadas, además, a las comunas del sur donde se realizan la mayoría de las detenciones, lo que evidencia una desigualdad clara entre personas para quienes el consumo está despenalizado «de hecho» y personas que si consumen están cometiendo un delito, indicó la entidad.

El 38,2 por ciento de las detenciones realizadas entre octubre de 2019 y agosto de 2020 se llevaron a cabo en la Comuna 1, integradas por los barrios de Retiro y Carlos Gardel (ex Villa 31);

El 16,5 por ciento de los arrestos por tenencia para consumo personal fueron en la Comuna 4 (Barracas, La Boca, Nueva Pompeya y Parque Patricios);

El 14,8 por ciento corresponden a la Comuna 8 (Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo).

El 30,5 por ciento restantes a las otras 12 comunas.

Esta distribución social de las detenciones «muestra también que la policía las usa como parte del control y el hostigamiento a los más pobres», señaló el informe y apuntó que es un «claro sesgo de clase: por decisión policial y de la política de seguridad, el consumo de drogas es un delito casi únicamente en las zonas más pobres de la ciudad».

El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad precisó que la Justicia porteña archivó el 91 por ciento (18.160) del total (20.016) de los casos penales que fueron iniciados por delitos menores de drogas entre octubre de 2019 y agosto de 2020, es decir que «la policía dedica esfuerzos en detenciones que el sistema judicial desestima», remarcó el CELS.

«Aunque esas personas luego hayan sido liberadas y las causas archivadas, tuvieron que pasar días o semanas presas en comisarías hacinadas, en condiciones de alojamiento inhumanas», aseguró el CELS.

El organismo consideró «urgente» que las autoridades políticas «de todas las jurisdicciones tomen» medidas al respecto, como indicar a las fuerzas policiales y de seguridad que cesen las detenciones a les consumidores de drogas y que dejen de usar estadísticas sobre detenciones por delitos de drogas que incluyen a las detenciones por consumo como indicador.

Asimismo, el CELS exigió «una reforma de la ley de drogas que despenalice el consumo e implemente el fallo Arriola, como paso previo a una regulación legal de los mercados de estupefacientes, que es la dirección en la que están ya muchos países».

 

Fuente: Tiempo Argentino