Vialidad Nacional, ¿Privada?

El Gobierno nacional creó una sociedad anónima que irá reemplazando en funciones a la Dirección de Vialidad Nacional.

En el Boletín Oficial se publicó el decreto 794 del Ministerio de Transporte, que crea la empresa «Corredores Viales S.A.».

La misma tendrá la función de «la construcción, mejora, reparación, conservación, promoción,,ampliación, remodelación, mantenimiento, operación, financiación, administración, explotación y prestación de servicios al usuario, en trazas, rutas, autopistas, accesos, corredores y cualquier otra red vial de jurisdicción nacional; y el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones resultantes de toda concesión con cobro de peaje que se le confiera».

La misma sale al mercado con un capital accionario conformado por el 51 por ciento del Ministerio de Transporte y el 49 por ciento de Vialidad Nacional.

Sin embargo, esto no es definitivo ya que la creación de la sociedad anónima abre las puertas a la incorporación de socios privados que ganen espacio en esta empresa invocando interés público.

La iniciativa provoca que esta nueva sociedad quede fuera de los controles obligatorios para cualquier ente estatal.

«No resultan aplicables a “CORREDORES VIALES S.A.”, las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y sus modificatorias, del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, establecido por el Decreto Nº 1023 de fecha 13 de agosto de 2001 y sus modificatorios, de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y sus modificatorias», especifica la normativa.

Esto implica que, por ejemplo, al no basarse en el decreto 1.023, podrán realizar contrataciones directas para proveedores y realización de obras en lugar de someterse a licitaciones como debería si fuera un organismo estatal.

Este mecanismo replica el usado por el PAMI, que creó una fundación para administrar ciertos sanatorios y servicios que hoy son del PAMI. Al ser un organismo privado, la fundación deja de tener obligaciones vinculadas a los controles y transparencia que la obra social para jubilados hoy posee.

También se correlaciona con el mecanismo utilizado en el caso de ARSAT, al que quisieron presentar como una sociedad. ARSAT transfería la construcción y explotación del ARSAT 3 a una empresa de la cual no podía tener más del 49 por ciento y cuyo socio controlante era la estadounidense Hughes.