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Ley de Teletrabajo; Aprobación y al Senado.
Publicado: 26 jun 2020
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La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de regulación del teletrabajo por 214 votos a favor, uno negativo y 29 abstenciones (Juntos por el Cambio y el trotskismo) en una nueva sesión virtual que se prolongó por casi cuatro horas, y giró la iniciativa al Senado para convertirla en ley.
El amplio consenso que reunió el proyecto de ley de teletrabajo quedó plasmado en el resultado de la votación: 214 votos a favor.
Hubo nada menos que 29 abstenciones, provenientes de diputados del Pro, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y uno en contra de la Renovación de Salta.
La mayoría de las abstenciones fue del Pro: Juan Aicega (Buenos Aires), Domingo Amaya (Tucumán), Federico Angelini (Santa Fe), Alberto Asseff (Buenos Aires), Eduardo Cáceres (San Juan), Virginia Cornejo (Salta), Omar De Marchi (Mendoza), Alicia Fregonese (Entre Ríos), Federico Frigerio (Tierra del Fuego), Gabriel Frizza (Córdoba), Sebastián García De Luca (Buenos Aires).
También por este bloque, se abstuvieron Martín Grande (Salta), Gustavo Hein (Entre Ríos), Ingrid Jetter (Corrientes), José Luis Patiño (CABA), Carla Piccolomini (Buenos Aires), Julio Sahad (La Rioja), Alfredo Schiavoni (Misiones), David Schlereth (Neuquén), Pablo Tonelli (CABA) y Pablo Torello (Buenos Aires).
Las abstenciones restantes de Juntos por el Cambio las aportaron Mónica Frade, Paula Oliveto y Mariana Zuvic, de la Coalición Cívica; y Marcelo Orrego, del monobloque Producción y Trabajo.
También se abstuvieron los representantes del Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño y Romina Del Plá; Alejandro “Topo” Rodríguez (Consenso Federal)y el Renovador salteño Andrés Zottos.
El neuquino Francisco Sánchez, del Pro. fue el único que votó en contra.
El texto aprobado fija los derechos y obligaciones de quienes desarrollen el trabajo remoto y establece los derechos a la desconexión digital, la voluntariedad, la reversibilidad, la jornada laboral, la tarea de cuidados, la provisión de elementos de trabajo y la compensación de gastos.
También contempla el control de higiene y seguridad, los derechos sindicales, el derecho a la intimidad y la preservación de la información laboral, entre otros puntos.
Luego de 18 años en que se presentó el primer proyecto sobre el tema se consensuaron 20 proyectos distintos.
El proyecto aprobado incluye el derecho a la desconexión digital, con la prohibición de que el empleador se comunique con el trabajador fuera de la jornada laboral, además del derecho de pautar horarios compatibles para quienes tengan que cuidar a menores de 14 años, personas con discapacidad o adultos mayores dependientes, aunque permite que “las pautas específicas para el ejercicio de este derecho se establezcan mediante la negociación colectiva”.
En la iniciativa también figura la voluntariedad, que contempla que “el traslado de quien trabaja en una posición presencial a la modalidad de teletrabajo, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditada, debe ser voluntario y prestado por escrito”.
Otro aspecto importante del proyecto es la reversibilidad, que permite que “el consentimiento prestado por la persona que trabaja en una posición presencial para pasar a la modalidad de teletrabajo podrá ser revocado por la misma en cualquier momento de la relación”. «Entonces el empleador le deberá otorgar tareas en el establecimiento en el cual las hubiera prestado anteriormente, o en su defecto, en el más cercano al domicilio del dependiente, en el cual puedan ser prestadas. Salvo que por motivos fundados resulte imposible la satisfacción de tal deber”.
El proyecto fija la obligación por parte de las empresas de brindar el equipamiento (hardware y software), las herramientas de trabajo y el soporte necesario para el trabajo a distancia, mientras que la compensación por los mayores gastos en conectividad y/o consumo de servicios que deba afrontar la persona que trabaja bajo la modalidad del teletrabajo “operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva” y quedará exenta del Impuesto a las Ganancias.
La jornada laboral “debe ser pactada previamente por escrito en el contrato de trabajo de conformidad con los límites legales y convencionales vigentes, tanto en lo que respecta a lo convenido por hora como por objetivos”, y establece que los teletrabajadores gozarán de “los mismos derechos y obligaciones” que las personas que trabajan bajo la modalidad presencial.
La iniciativa delega en el empleador la garantía de protección de la información laboral y le impide “hacer uso de software de vigilancia que viole la intimidad” y hay dos artículos que hablan de los derechos sindicales de quienes ejercen el teletrabajo, iguales a los de la modalidad presencial.
Se dispone, por otra parte, que “los sistemas de control destinados a la protección de los bienes e informaciones de propiedad del empleador deberán contar con participación sindical a fin de salvaguardar la intimidad de la persona que trabaja bajo la modalidad de teletrabajo y la privacidad de su domicilio”.
Se establece en el proyecto aprobado que “la autoridad de aplicación dictará las normas relativas a higiene y seguridad en el trabajo con el objetivo de brindar una protección adecuada a quienes trabajen bajo la modalidad laboral del teletrabajo” y se advierte que “el control del cumplimiento de esta normativa deberá contar con participación sindical”.
La iniciativa contempla “las prestaciones transnacionales de teletrabajo”: allí “se aplicará al contrato de trabajo respectivo la ley del lugar de ejecución de las tareas o la ley del domicilio del empleador, según sea más favorable para la persona que trabaja”.
«En caso de contratación de personas extranjeras no residentes en el país, se requerirá la autorización previa de la autoridad de aplicación” y que “los convenios colectivos, acorde a la realidad de cada actividad, deberán establecer un tope máximo para estas contrataciones”.
Por último, se dispone que la ley entrará en vigor 90 días después de que finalice el aislamiento obligatorio y obliga a las empresas que desarrollen el teletrabajo a registrarse en el Ministerio de Trabajo, “acreditando el software o plataforma a utilizar y la nómina de las personas que desarrollan estas tareas, las que deberán informarse ante cada alta producida o de manera mensual”. Y prevé que “esa información deberá ser remitida a la organización sindical pertinente”.
El proyecto impulsado por el oficialismo ya había recibido objeciones por parte de distintas entidades empresariales, tanto desde el sector industrial como de las que representan al comercio y las pymes.
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