Los «Privilegios» de la CABA con Macri.

Publicado: 28 ene 2020
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Cuando el Gobierno Nacional anunció la reducción, a su nivel de 2015, de los fondos de coparticipación destinados a la Ciudad de Buenos Aires se empiezan a conocer cifras que demuestran el trato distinto que recibió la capital de los argentinos.
Del presupuesto ejecutado en los 24 distritos por el gobierno nacional, el 32 por ciento fue destinado a Ciudad, según se desprende del Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía de la Nación de 2019.

El informe indica que el porcentaje se acrecento por obras como la del Paseo del Bajo y los viaductos Mitre y San Martín.

La CABA fue el destino del 23,36 por ciento del gasto ejecutado hasta el 26 de diciembre, cálculo que si se realiza solamente entre los 24 distritos la proporción correspondiente a la ciudad se eleva al 32,54 por ciento.

Este porcentaje significó mas de 1 billón de pesos y fue el único distrito que llegó a esa cifra.

Fue  el único con un nivel de ejecución superior al 100 por ciento, (con el 109,05% del gasto ejecutado en relación con el presupuestado).
Entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, comandadas por Larreta y Vidal, se quedaron con el 43,55 por ciento del Presupuesto efectivamente ejecutado y del 60,66 por ciento si se toma en cuenta sólo al gasto comprobable distribuido entre los 24 distritos del país.
También se conoció un documento del Ministerio del Interior en el que se evalúa que el gobierno porteño recibió 127 mil millones de pesos de más para el traspaso de la Policía Federal.

Además se conoció que cuando Mauricio Macri supo que ya no podría tener una segunda presidencia, luego de las elecciones del 27 de octubre del 2019, decidió comenzar con la transferencia de 31 inmuebles propiedad del Estado Nacional al gobierno de la Ciudad.

Las cesiones fueron por más de cien inmuebles en el marco del Convenio Paseo del Bajo, Convenio Viaductos, Convenios firmados con Playas Ferroviarias S.A. y Transferencias por Ley.

El monto de las trasferencias es de por lo menos 13.961.750.000 pesos y 29.948.954 dólares, es decir, alrededor de 16.000 millones de pesos según los valores actuales de esas propiedades.

Se plasmaron en 31 escrituras realizadas entre el 19 de septiembre y el 9 de diciembre de 2019. Se hicieron en base a un decreto de decreto de Necesidad y Urgencia firmado por Macri el 28 de octubre pasado, al día siguiente de la derrota electoral.

La información la brindó el nuevo titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Martín Cosentino, según informó la agencia de noticias Télam. La mayoría de los inmuebles se encontraban por las zonas de Palermo y Caballito y fueron transferidos, según Cosentino, «para la especulación inmobiliaria».

«Estamos hablando en primer lugar de una falta de legitimidad y de una lógica institucional muy cuestionable. Todavía analizamos del todo el plano legal, que también lo estudiaremos», aseveró el funcionario. Luego destacó que «si hubiese dolo del Estado» habría que impulsar la intervención de la Justicia.

El titular del AABE destacó que lo sorprendió «la discrecionalidad y la cesión tan apresurada de los bienes»

El 28 de octubre, un día después de que Macri perdiera por más de 8 puntos frente a Alberto Fernández, el entonces presidente firmó el DNU 740/2019 por el cual se habilitó a «dar en pago» inmuebles del Estado Nacional a las provincias «a fin de cancelar deudas y/o afrontar compromisos de asistencia económico financiera».

Cosentino, por otra parte, destacó que «no se vio esa cesión de terrenos en otras provincias en los últimos dos meses de mandato de Macri».

A comienzos de 2018 AABE ya había vendido terrenos por más de 300 millones de dólares en CABA sin pasar por el Congreso. Muchas de estas ventas se hicieron para financiar obras porteñas o al propio gobierno de la Ciudad.

 

El Gobierno nacional evalúa ahora la posible contradicción de esas transacciones con la Ley sobre el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno.

El artículo 15 bis de esa ley, conocida como «la Regla del Fin del Mandato», prohíbe cualquier disposición legal o administrativa excepcional que implique la donación o venta de activos fijos durante los últimos dos trimestres del año en que termina el mandato presidencial.