Vecinos en alerta y desPROtegidos

Santiago Pusso, vicepresidente de Basta de Demoler, es uno de los demandados por el gobierno porteño: “Junto a la ONG y Sonia Berjman, una reconocida especialista en paisajismo, académica e investigadora, nos reclaman 24 millones de pesos. Pretenden aplastarnos como organización de ciudadanos en defensa del patrimonio de la Ciudad. El motivo es el amparo que presentamos contra la construcción de la estación Plaza Francia, del subte H, en Plaza Intendente Alvear, que se había iniciado en 2012. Un lugar declarado área de protección histórica que conseguimos resguardar porque la obra tuvo que detenerse y la estación relocalizarse”.

La arquitecta Dora Young integra la Asociación de Amigos de la Estación Coghlan. Junto a esa ONG fundada en 1967 y otros vecinos, presentó un amparo para frenar la edificación de dos torres de 27 y 13 pisos que rodearán en el mismo predio a la denominada Villa Roccatagliata. La obra está en curso. Símbolo arquitectónico del barrio, la casona construida a principios del siglo XX se levanta en Avenida Balbín y Roosevelt

Ahora, por seguir cuestionando esta obra, cuya exención al Código de Planeamiento Urbano no pasó por la Legislatura porteña como marca la Constitución de la Ciudad, y cuya inversión ascendería a 300 millones de pesos, la arquitecta recibió una carta documento para presentarse a una audiencia de mediación pedida por Palacio Roccatagliata S.A., el conglomerado de empresas que tiene a su cargo el proyecto. “Voy a ser prudente con todo esto, pero la audiencia, que es el paso previo a la demanda, es una manifestación más de las distintas acciones iniciadas para desalentar a los vecinos que reclamamos para defender el patrimonio arquitectónico de la Ciudad o por otros derechos vinculados a la calidad de vida.”

Cariboni, uno de los integrantes del Observatorio del Derecho a la Ciudad, la asociación civil en trámite que llevó a la Justicia las obras del metrobús norte junto a vecinos del barrio de Saavedra, es otro de los denunciados. En su caso, sostiene que “el PRO inauguró una nueva modalidad. Aprieta a los vecinos que no le dejan hacer lo que quiere desde el gobierno. Usó a la procuración, también hacen juicios las constructoras, y consiguieron que cada vez haya menos gente dispuesta a firmar amparos. Mi situación es algo diferente: utilizaron a una ONG que tiene relación con funcionarios actuales con la pretensión de censurarme. Tercerizaron la persecución política”.

En un escrito que difundió el Observatorio se señala que “la asociación civil Los Verdes, conducida por el presidente de la Agencia de Protección Ambiental (APRA) Juan Carlos Villalonga y otros integrantes del mismo organismo y actuales funcionarios del gobierno del PRO, inició las medidas previas para demandar a Félix Cariboni, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad y de Patria Grande por daños y perjuicios invocando hechos falsos con el objeto de iniciar una persecución política utilizando a la Justicia, metodología novedosa iniciada por el gobierno de Mauricio Macri que se empleó para demandar a la asociación civil Basta de Demoler”.