Los Derechos Humanos en la Argentina de la Dictadura.

Publicado: 09 sep 2019
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La delegación de la Confederación Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó a Argentina el 6 de septiembre de 1979 y permaneció en el país hasta el 20 de ese mes

Recibieron 5.580 denuncias por parte de las víctimas, y los organismos de derechos humanos aportaron otras 3.000.

Los enviados de la CIDH visitaron varios Centros Clandestinos de Detención: La Rivera y La Perla, en Córdoba; El Atlético, el Olimpo y la ESMA, en Buenos Aires, que habían sido “acondicionados” para recibirlos.

Las presentaciones ante la CIDH sobre las violaciones a los derechos humanos que se cometían en Argentina se remontaban a 1975, pero tras el golpe de Estado del 24 de marzo del año siguiente, las denuncias se multiplicaron, sobre todo las referidas a casos de desapariciones.

La dictadura cívico-militar que encabezaba Jorge Rafael Videla se negaba a recibir a los integrantes de la CIDH, al punto de lanzar una campaña de desprestigio contra los organismos de derechos humanos.

La presión ejercida por el entonces presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, y su secretaria de Derechos Humanos, Patricia Derian, permitieron que en diciembre de 1978 los militares argentinos aceptaran que una delegación de la CIDH visitara el país.

Fue un duro traspié para los militares, que tres años después dejaron el poder con miles de personas desaparecidas, en el período más oscuro de la historia argentina.

La Comisión llegó a la conclusión de que, “por acción de las autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el período a que se contrae este informe –1975 a 1979– numerosas y graves violaciones a los derechos humanos”.

Los enviados, entre otras cosas, comprobaron el estado de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y otros centros de detención; se entrevistaron con el entonces presidente Jorge Rafael Videla y también con las Madres de Plaza de Mayo.

Así comienza el documento firmado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que resume las observaciones de la histórica visita al país, hace cuatro décadas, en plena dictadura cívico-militar.

Aquellos días, el aparato de comunicación de las Fuerzas Armadas repartió cientos de miles de obleas con la leyenda: “Los argentinos somos derechos y humanos”. Mientras que el relator de fútbol, José María Muñoz, conocido por su apoyo desenfadado a favor de los militares, convocaba a Plaza de Mayo para festejar el triunfo de la selección juvenil que capitaneaba Diego Maradona y dirigía César Luis Menotti ganaba la final del Mundial Sub-20 de Japón, al imponerse por 3-1 al representativo de la Unión Soviética.

Aquella movilización pasó por las puertas de la sede de la OEA, en la Avenida de Mayo al 700, donde cientos de personas hacían más de tres cuadras de cola para presentar su denuncia ante la CIDH.

Los miembros de la CIDH se entrevistaron con los integrantes de la Junta Militar (Roberto Viola, Omar Graffigna y Armando Lambruschini) y fueron recibidos por Videla, acompañado por Luciano Benjamín Menéndez, titular del Tercer Cuerpo de Ejército con asiento en Córdoba.

“Desde principios de 1979, los marinos comenzaron a refaccionar la ESMA. Sacaron una escalera que conducía al sótano donde nos alojaban e hicieron otras reformas”, evoca Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA que luego testificó en el juicio a la Juntas de Comandantes.

Basterra integró un grupo de prisioneros que fue trasladado durante la visita a un predio llamado “El Silencio”, que se encontraba en una isla del Tigre.

“Nos tuvieron un mes en ese lugar. Engrillados y con esposas. La casa donde estábamos se inundó y nos enfermamos del estómago. Nos dejaron ahí encerrados y los guardias no se animaban a entrar donde estábamos por el olor que teníamos”, recuerda.

En el informe sobre la situación de Argentina, la CIDH reconocía “la situación de miles de detenidos desaparecidos”, y se consignaba que “personas pertenecientes o vinculadas a organismos de seguridad del Gobierno han dado muerte a numerosos hombres y mujeres después de su detención”.

La dictadura negó las acusaciones e intentó infructuosamente que la OEA rechazara esas conclusiones, pero la verdad sobre los crímenes del terrorismo de Estado en Argentina había sido develada y documentada, y fue ese el primer paso en un recorrido que años más tarde llevaría a la Justicia.