En «Comunas, un desafío» conversamos con Laura Goldberg

Laura Goldberg es  directora de Coordinación de Políticas Productivas, de la Secretaría de Comercio de la Nación, charlamos  sobre el paquete de leyes que impulsa el Poder Ejecutivo, que busca dar respuesta a las  problemáticas del consumo y el derecho de los usuarios a un trato justo por parte de las empresas.

Analizamos como se para una persona frente a una empresa y nos explicó que «permanentemente estamos en una relación de consumo, aunque no estemos muy concientes de esto, en nuestra vida cotidiana, prendemos la luz, nos damos un baño caliente, usamos nuestro teléfono celular, tomamos el subte. Esa relación de consumo es constante y cuando consumimos algo somos una sola persona que estamos frente a una empresa que es una corporación y tiene mucho más poder que nosotros. Por definición esta relación es asimétrica. Y si a esto le sumamos que en la economía argentina como en muchos lugares del mundo, hay una fuerte concentración que hace que la empresa sea mucho más poderosa que una sola persona. Nuestros consumos más habituales están provistos por empresas gigantes con mucho poder.»

Esta asimetría hace que los consumidores estén desprotegidos, «si llegamos a tener un problema al comprar algo o al momento de contratar un servicio, el primer reclamo a la empresa suele ser ignorado o no nos ofrecen soluciones reales.»

Le preguntamos qué podemos hacer frente a esto y qué se va a modificar con el nuevo paquete de leyes. La licenciada nos contestó » en la Dirección de Defensa del Consumidor existen instacias en donde los vecinos pueden reclamar cuando tienen algún problema del más diverso que sea y que tengan que ver con la relación de consumo, pero hay poca gente que sabe que puede reclamar en la Secretaría de Comercio». Señala que actualmente aunque se inicie un reclamo las empresas no están obligadas a una instancia conciliatoria que se plantea cuando alguien inicia una denuncia en la Secretaría de Comercio y así se tiende a » judicializar estas denuncias que suelen ser pequeñas, de cosas  más bien cotidianas y como no existe una justicia específica del consumidor estos casos pequeños se pierden y se prolongan mucho en el tiempo y no necesariamente se esclarecen a favor del consumidor. Esta judicialización  le genera a la persona muchos costos y proceso larguísimo que desgasta un montón.»

En este sentido nos explica que lo que se envió al Congreso de la Nación «es un paquete de iniciativas legislativas, son 3 proyectos legislativos que en su conjunto buscan proteger a los consumidores. Uno de los proyectos tiene que ver con un nuevo sistema de resolución de conflictos en la relación de consumo, que hace agilizar  muchísimo todo este proceso de hacer una denuncia y obtener una solución rápido. Primero hay una conciliación obligatoria para las empresas, si no se presenta se la sanciona; pero si no hubiera un acuerdo entre las partes lo que hay es toda una nueva instancia administrativa, un nuevo fuero judicial del consumo donde los tiempos son mucho más cortos y está pensado con una mirada desde el consumidor». 

«El punto de partida del diseño de esta nueva instancia es esta asimetría en la relación, en donde el eslabón débil es el consumidor y el sistema tiende a protegerlo para equilibrar más esa relación».

«Se llevó a cabo un trabajo en sintonía entre la Secretaría de Comercio y el Ministerio de Justicia para crear este nuevo fuero nacional y federal del consumo.»

Laura nos explica que este paquete está pensado en la «protección integral del consumidor. Un punto muy importante es hacerle saber al consumidor que frente a cualquier problema la persona tiene derecho a reclamar en una instancia pública que ahora va a ser más ágil y más beneficioso para aquel que reclama.»

 «Este paquete de protección integral del consumidor busca proteger antes y durante la compra, es decir proteger al momento del reclamo por si algún artículo viene fallado o el servicio prestado no es el correcto, o a veces cuando alguien quiere comprar algo y el producto no está o está a precios abusivos. Lo que buscamos es regular todo el  proceso de la cadena de valor para evitar que se cometan abusos o que las empresas más grandes se coman a la más pequeñas y abusan de su posición dominante y esto perjudica también a los consumidores.»

También se propone «crear un observatorio de precios, tratar de comprender mejor cómo es el proceso de formación de precios y poder diseñar políticas que permitan hacer más equitativa la cadena de valores.»

Otra parte de este paquete de propuestas es una «ley de regulación de las relaciones de produccción y consumo, que es una reforma a la Ley 20680 llamada Ley de Abastecimiento que hoy está vigente. Los grandes actores concentrados empresas y corporaciones y los medios de comunicación también están actualmente en una posición de criticar esta como si fuera algo nuevo, cuando en realidad estamos proponiendo varias reformas a la  Ley de Abasteciemiento para volverla menos severa en las sanciones que se pueden poner a las empresas que tengan algún comportamiento abusivo en materia de bienes de primera necesidad. Siempre hemos apelado al diálogo con las empresas pero entendemos que esta es una herramienta muy útil cuando se agotan todas las otras instancias de conciliación y diálogo».

«Todo el lenguaje típico del neoliberalismo apela al libre mercado y a llamada iniciativa privada orientada a los más grandes en detrimento de la iniciativa privada de las demás empresas y los consumidores. Y hablan de un estado mínimo que les permite obtener tazas de ganancias descomunales en perjuicio de la sociedad, y con las reglas que se acomoden a sus intereses. Se habla en economía mucho en general pero siempre buscan mantener sus intereses, los de unos pocos».

Laura opina categóricamente que la mejor manera  de que esto funciones «es que la gente se empodere y se apropie de estas leyes y conozca que tiene derechos y que la ley los respalda».